Covite pide fórmulas para que los reclusos de la ‘vía Nanclares’ ayuden a esclarecer atentados

EL CORREO 18/05/13

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) reclamó ayer al Gobierno autónomo que «impulse mecanismos» para que los presos etarras acogidos a la denominada ‘vía Nanclares’ colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de los 326 crímenes de ETA que todavía no han sido resueltos.
La reclamación se realizó en el transcurso de una reunión que la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, y los miembros de su junta directiva Antonio Recio y Ana Velasco mantuvieron en Vitoria con la directora de Derechos Humanos y Víctimas del Ejecutivo autonómico, Mónica Hernando, y el asesor de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo. El encuentro se enmarcó dentro de la ronda de toma de contactos que el Gobierno vasco lleva a cabo con las asociaciones de damnificados por ETA.
Covite considera que la ‘vía Nanclares’, por la que algunos presos arrepentidos han sido trasladados a cárceles vascas y han accedido a beneficios penitenciarios como en el caso de Valentín Lasarte, favorece únicamente a los reclusos y no a las víctimas. Por ello, destacó la necesidad de que, además de pedir perdón o participar en los talleres que actualmente fomenta el Gobierno, lo «realmente importante» para los damnificados es que los reclusos de la banda colaboren en la resolución de atentados «en los que han podido participar y de los que tienen información».
Tras esta reunión, los dirigentes de Covite mantuvieron otro encuentro con el parlamentario del PP Carmelo Barrio. Al dirigente de los populares vascos le trasladaron su «preocupación» por el hecho de que EH Bildu o Sortu insten a la ciudadanía a «obstruir» la Justicia, en referencia a lo sucedido con la detención en Ondarroa de Urtza Alkorta, condenada por colaborar con ETA.
También censuraron la «postura ambigua» que han visto en «algunos» dirigentes del PP vasco «en sus relaciones con Bildu» y preguntaron a Barrio en qué punto está la reforma de la ley electoral para permitir que en Euskadi puedan votar los «exiliados» por las amenazas de ETA.