EL MUNDO 22/12/13
· «Si no nos dejan interrogar a los etarras, que lo hagan las Fuerzas de Seguridad»
La asociación de víctimas Covite pretende «acreditar» que los etarras que se han acogido a la vía Nanclares están colaborando con la justicia y con las Fuerzas de Seguridad para ayudar a esclarecer los más de 300 crímenes de ETA cuya autoría se desconoce todavía. Con este fin, entre otros, han solicitado reiteradamente al ministro Jorge Fernández Díaz que les reciba, pero, según denuncian, el titular de Interior no ha respondido a sus requerimientos.
«Hemos pedido la reunión por la situación que estamos viviendo y nos parece una desfachatez inaceptable que no quiera recibir a Covite y sí a otras asociaciones de víctimas, cuando somos nosotros los que estamos sufriendo lo que ocurre en el País Vasco», asegura Consuelo Ordóñez. La presidenta de Covite se refiere en este punto a que el grueso de los asesinos beneficiados por la doctrina Parot ha regresado a vivir a sus localidades de origen y, por tanto, cerca de las víctimas que forman parte de la asociación que preside. Y también a lo que está ocurriendo con aquellos reclusos que han salido de prisión tras alejarse de la organización terrorista, pero de los que no consta que hayan ofrecido datos para ganarse esa posición.
«Queremos hacer interrogatorios a seis presos de Nanclares y hemos pedido a Instituciones Penitenciarias que nos permitan acceder a ellos, pero no nos contestan y esa, la de colaborar, es una exigencia fundamental. Llevamos dos años y pico recordando que a los etarras acogidos a esa vía no se les exige este requisito, cuando es de obligado cumplimiento para la progresión de grado. Si no quieren que les interroguemos nosotros, que lo hagan ellos, pero que lo hagan».
El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, el juez Castro, ha introducido en sus últimos autos una condición de futuro cumplimiento para los etarras a los que concede de facto la libertad tras alejarse de la organización. Les advierte de que su situación será reversible si se les pide que colaboren con la Justicia y declinan hacerlo. Al conocerse esta condición, la Policía y la Guardia Civil mostraron su disposición a interrogarles para intentar esclarecer delitos de los que puedan tener conocimiento, pero no consta que este procedimiento se haya llevado finalmente a cabo. «Pedimos que nos explique la situación, vamos a pedir la acreditación de que se ha cumplido ese requisito legal, lo vamos a exigir», señala Ordoñez, que advierte de que, en el futuro, van a ser otros muchos los que pidan la progresión de grado y la consigan.
«Pero no nos responde. Nunca nos contesta a nada», insiste. La dirección de Covite señala que solicitaron a Fernández Díaz la reunión y que se les derivó a un subordinado y, desde entonces, no han recibido respuesta a los correos que han enviado. Denuncian una vez más que con los presos beneficiados por la anulación de la doctrina Parot «no se ha seguido el procedimiento». «Se debería haber avisado a las víctimas de cada uno de los etarras que ha salido y regresa al País Vasco, pero no está ocurriendo», señalan.
Consuelo Ordoñez considera que esto es una irregularidad e insiste en que también lo es el modo en que la Audiencia los puso en libertad. «El Tribunal Supremo ha ordenado que se haga mediante un procedimiento concreto y las audiencias provinciales lo están aplicando: piden oír a las partes, el historial penitenciario del recluso y plantean la posibilidad de un recurso de casación, como estableció el Alto Tribunal. Ha sido así en el caso de Ricard, pero no en el resto».
Covite resalta que en esos casos las partes han podido recurrir, pero se duele de que el sistema penal español impide a las víctimas del terrorismo seguir personadas en el proceso de ejecución, que queda en manos del fiscal, y en ese punto también tiene quejas: «El fiscal está incumpliendo el mandato constitucional, que es velar por las víctimas. Sentimos impotencia quienes hemos estado esperanzados en el Estado de Derecho y resulta que no existe».