Esta semana, el presidente del Gobierno ha presentado un balance de la situación económica que, a simple vista, suena impecable: las rentas han subido, el empleo mejora, y España crece por encima de la media europea.
Pero el problema no es solo lo que dice. Es, sobre todo, lo que omite. Y lo que sus silencios revelan es más preocupante que cualquier cifra maquillada.
Pedro Sánchez ha afirmado que la renta media de los hogares ha crecido un 9 % desde que es presidente, es decir, desde 2018.
Lo que no ha dicho es que, en ese mismo período, la inflación acumulada ha superado con creces esa cifra. Tampoco ha recordado que el IRPF no ha sido deflactado: muchos ciudadanos pagan más impuestos hoy simplemente porque la inflación les ha empujado a tramos más altos de tributación, aunque su poder adquisitivo no haya mejorado.
Tampoco hubo mención alguna al paro juvenil, que sigue siendo el más alto de Europa según Eurostat, ni al encarecimiento de la vivienda, ni a los problemas de acceso a los servicios públicos.
El relato se construye sobre datos parciales, sin ofrecer un cuadro completo. Sánchez ofrece una fotografía que está recortada y la confianza se resiente.
Porque no se trata solo de datos económicos. La credibilidad de un gobierno no depende de si el PIB crece dos décimas más o menos. Depende de su respeto institucional, de su transparencia y de su comportamiento político.
Y ahí es donde falla el andamiaje desde hace mucho.
España lleva toda la legislatura sin Presupuestos Generales del Estado. No se ha celebrado un debate sobre el estado de la nación en años.
Estos dos hechos reflejan ausencia de control parlamentario y muy poco respeto por los votantes, por los ciudadanos, que eligen cada cuatro años a sus representantes para que ejerzan el derecho a preguntar al gobierno, a aplaudir o censurar sus propuestas y a convivir políticamente en una democracia.
«El relato se construye sobre datos parciales, sin ofrecer un cuadro completo. Sánchez ofrece una fotografía recortada y la confianza se resiente»
Desde el punto de vista de las instituciones que componen el sistema de justicia, la cosa tampoco pinta bien.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue sin concluirse, la reforma de la carrera judicial propiciando la colocación de jueces alineados con el régimen y las lamentables declaraciones de ministros del gobierno hacia los jueces presentan un panorama poco edificante.
Mientras, se gobierna por decreto y, como parece que va a suceder, en pleno mes de agosto nos van a colar reformas de calado como la creación de una Agencia Tributaria catalana.
A eso se suman concesiones parlamentarias a partidos minoritarios que erosionan la igualdad territorial, una amnistía a los condenados por el procés que fractura el principio de legalidad, y una sucesión de escándalos de corrupción que afectan al núcleo del poder socialista.
Esta misma semana, el PSOE ha defendido públicamente a un fiscal general procesado y a un cargo con un título académico falsificado.
Cuando un gobierno no rinde cuentas, ni corrige el rumbo, ni reconoce errores graves, pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, ningún dato económico se sostiene.
Cuando los líderes políticos comunican datos económicos de forma selectiva o poco clara, aumentan la incertidumbre política y se erosiona la legitimidad de sus estrategias. Aunque las cifras sean buenas, el sesgo en la presentación de los hechos mina la credibilidad institucional.
La sostenibilidad de una política económica depende de la participación de actores diversos y del respeto a las instituciones. Las presiones a corto plazo pueden arruinar cualquier estrategia de largo recorrido si no se alinean los incentivos políticos con los objetivos estructurales.
¿Se están alineando en España? A juzgar por los hechos, no.
El plan de recuperación y los fondos Next Generation se presentan como palanca de transformación. Pero la realidad es menos épica: ejecución por debajo de lo previsto, inversiones mal dirigidas, y un impacto escaso en ámbitos como vivienda, productividad o transporte.
¿Cómo convencer a los ciudadanos de que esos fondos están bien empleados cuando sufren apagones, trenes parados y precios disparados?
«si el poder se asienta sobre cesiones, propaganda y opacidad, ese crecimiento será tan frágil como la confianza que lo sostiene»
Es muy comprensible que cuando la percepción social contradice el discurso oficial, se instale la desconfianza. Y sin confianza, ni la inversión ni el crecimiento son sostenibles. Y lo que es peor: la democracia se tambalea.
El Gobierno sigue sacando pecho y presumiendo de datos, y pretende ignorar que esos datos se sostienen sobre una base que se agrieta: una política sin presupuestos, sin control parlamentario, sin transparencia institucional, y con una acumulación de escándalos éticos que no son anecdóticos.
No lo ignora: lo sabe y se pone de perfil. No se trata de “narrativa”, sino de realidad que ya va más allá de nuestras fronteras.
Entre 20 y 25 medios extranjeros de países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica, Países Bajos, EEUU y Turquía han dado cobertura destacada (en portadas digitales, secciones principales o programas) a los escándalos de corrupción relacionados con el entorno de Pedro Sánchez entre 2024 y 2025.
Los casos de Begoña Gómez y Santos Cerdán han sido los más prominentes y los titulares, muy duros. Y aún queda por resolverse todo. Seremos noticia, de nuevo, de la peor forma posible.
«Los españoles merecen algo mejor», titulaba The Times. Y tiene razón. Merecemos más que unas décimas de PIB, que cifras opacas y que la obscena manera de gobernar de Sánchez que ya exhibe tintes dictatoriales. Merecemos respeto a las reglas, rendición de cuentas y reformas que miren más allá de la próxima rueda de prensa.
Porque la economía puede crecer, sí. Pero si el poder se asienta sobre cesiones, propaganda y opacidad, ese crecimiento será tan frágil como la confianza que lo sostiene. Y la confianza, cuando se rompe, no se recompone con una estadística.