Pascual Sala lleva razón al censurar el proceder de quienes cuestionan una sentencia sin habérsela leído, así como la buena fe de sus firmantes. Pero corresponde al propio TC y a su presidente procurar que su jurisprudencia no pueda interpretarse de manera tan dispar por sus miembros y por el Supremo.
Las manifestaciones del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, mostrándose vivamente indignado ante las descalificaciones de las que ha podido ser objeto la institución que representa a raíz de la sentencia sobre Bildu resultan comprensibles, aunque con ellas incurrió en la generalización que él mismo reprochaba a los críticos con el Alto Tribunal. La independencia de los tribunales de Justicia y de cada uno de los magistrados que los conforman respecto a los demás poderes o intereses en juego constituye un principio al que han de ceñirse en su actuación, y solo en esa medida un supuesto que las demás instituciones públicas y la ciudadanía han de dar por garantizado. Los casos que llegan al Constitucional tienen que ver con el desarrollo de la Carta Magna en cuestiones sobre las que discrepan las distintas administraciones o los diversos partidos políticos, y que en algún caso suscitan una polémica notoria o afectan a sentimientos y convicciones ciudadanas. Ello hace que cada deliberación y cada sentencia tienda a simplificarse en su proyección pública con referencias a la propia composición del Tribunal, a la trayectoria de cada magistrado y a la formación parlamentaria que propuso su nombramiento. Se trata de un estado de opinión que afecta sin duda a la credibilidad de la más alta instancia judicial y somete a sus magistrados a una especial prueba de estrés en cuanto a la solvencia jurídica de sus argumentos y tomas de postura. Pascual Sala lleva razón cuando censura el proceder de quienes cuestionan una sentencia sin habérsela leído siquiera llegando incluso a poner en solfa la buena fe de sus firmantes. A los integrantes del poder ejecutivo y del legislativo les es exigible la máxima consideración hacia la independencia del TC, de modo que sus eventuales críticas a la actuación judicial se basen en razonamientos jurídicos y ponderados sin incurrir en ningún juicio de intenciones. Del mismo modo que las informaciones y opiniones sobre tan delicados asuntos han de basarse en la parte de verdad que encierra la aplicación del derecho, sea o no controvertida. Pero corresponde al propio Tribunal Constitucional y a su presidente hacer honor a la función encomendada tratando de que su propia jurisprudencia no pueda interpretarse de manera tan dispar por sus miembros y por el Supremo.
Editorial en EL DIARIO VASCO, 11/5/2011