Hace tres años, el entonces ministro de Justicia del Gobierno socialista, respondiendo a una pregunta de Esquerra Republicana de Catalunya, afirmó en sede parlamentaria que nos encontrábamos en una «crisis constituyente». Ese ministro es hoy uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que integran la autodenominada «mayoría progresista» de cuyo aval depende la viabilidad de la legislatura tal y como la proyectan los probables pactos de la izquierda con los nacionalistas.

Pues bien, después de lo visto en la sesión constitutiva del Congreso, esa «crisis constituyente» ya queda oficialmente declarada. La conjunción de izquierda y nacionalistas se dispone a deconstruir el sistema constitucional de 1978 nacido de la Transición y del pacto constitucional. ¿Cómo? Bien sencillo: atacando su legitimidad, intentando hacer bueno 45 años después el discurso de la ruptura que caracteriza la Transición y la propia Constitución como un proceso falso, en el fondo continuación del franquismo con revestimiento democrático, que hay que rebobinar para lograr ahora la ruptura que no lograron entonces un variado grupo de actores; desde la izquierda radical al secesionismo maximalista y, por supuesto, ETA, máxima expresión del odio sangriento contra la democracia constitucional española. Además, resultó que ese sistema permitía la alternancia y que, dentro de él, la derecha podía gobernar apoyada legítimamente en la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, e incluso con dos mayorías absolutas (Aznar y Rajoy), las dos únicas obtenidas en este siglo. Para buena parte de la izquierda y los nacionalistas, si eso era posible es que algo había que rectificar.

La deslegitimación se inicia con una Ley de Memoria Histórica, luego rebautizada como de Memoria Democrática; luego avanza con la instalación en el seno mismo del Gobierno de un discurso contrainstitucional que tiene como objetivo a la Corona y al Poder Judicial, y continúa con la desprotección penal de la Constitución mediante la derogación de la sedición y los indultos a los golpistas del 1 de octubre de 2017. Ahora se perfila una ley de amnistía, impensable en un sistema democrático consolidado, que no solo borra la pena, sino el delito mismo, y cuyo fundamento jurídico y político no es otro que el de acompañar un verdadero cambio de régimen. Si se amnistía a los golpistas es porque los amnistiadores entienden que aquellos no cometieron delito alguno y que su condena solo se puede atribuir a leyes injustas. Por eso es curiosa la manera vergonzante a la que se refiere a la amnistía algún medio de inspiración gubernamental cuando intenta colar la expresión de «amnistía judicial». Tal cosa no existe. No son los jueces los que amnistiarán, sino los políticos de la mayoría de izquierda y nacionalista pendiente de articular.

Algo parecido ocurre cuando una de las condiciones de los secesionistas catalanes ha sido la de crear una comisión de investigación sobre el atentado yihadista de Barcelona de agosto de 2017 y desempolvar la investigación -si es que puede llamarse así- sobre el ‘caso Pegasus’. Se trata de deslegitimar aparatos del Estado responsables de su defensa hasta el punto de buscar la implicación del CNI en un atentado terrorista de la magnitud del cometido hace seis años en las Ramblas de Barcelona. El Gobierno ya entregó la cabeza de la directora del CNI como prenda de sumisión a los secesionistas, cuando el propio Gobierno por boca del ministro Félix Bolaños denunció él mismo un espionaje que no ha sido capaz de aclarar, aunque afectara al propio presidente.

Este proceso, pues, va a continuar. En él, quede claro, el Partido Socialista no es la víctima, sino el protagonista. Las cesiones a los nacionalistas no son tales, sino la concreción de un proyecto de poder que une a Sánchez con todo lo demás que no sea el PP; y ese ‘todo lo demás’ incluye a Carles Puigdemont, futuro amnistiado, a quien los socialistas entregan el gobierno del país.

Por eso, el jueves los socialistas aplaudían a rabiar en el Congreso. Razones tenían. Los secesionistas solo están poniendo negro sobre blanco un objetivo y un proceso del que este viejo/nuevo PSOE participa como protagonista. ¿Acaso Francina Armengol no se ha pronunciado en favor de un referéndum «pactado» en Cataluña, y con ella otros socialistas? No hay, ni habrá, para la investidura de Sánchez cesiones arrancadas, sino hitos de deconstrucción constitucional pactados.

El problema para esta coalición es que enfrente hay 11 millones de españoles iguales en derechos que no están por ese proyecto de cambio de régimen en el que dominen los secesionistas, y que los socialistas acepten tal dominio a cambio de que la exclusión de media España sea permanente. Es lo que ocurre cuando se hace de la II República el paraíso perdido.