Uno de los factores que mayor incidencia está teniendo en la política nacional es la persistencia de una crisis institucional que condiciona cualquier decisión a adoptar. Así ocurrió en la pasada legislatura y todo indica que en la que acaba de comenzar tras la formación del nuevo Gobierno lo más previsible es que esta situación se prolongue si no somos capaces de reorientar el rumbo seguido hasta ahora. Esta es una de las asignaturas pendientes más importantes, a la que es preciso dedicar toda la atención.

Si bien la mencionada crisis es de carácter general y afecta en diverso grado a todas las instituciones, adquiere un relieve especial en lo que se refiere a la Judicatura, y más concretamente al órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ, cuya renovación no ha sido posible hasta el día de hoy, cuando han transcurrido ya más de cinco años desde que debiera haberse producido. Se trata, sin duda, del caso más claro y flagrante de incumplimiento de un mandato constitucional expreso. No tiene justificación alguna, ya que no es debido a un impedimento ajeno a la voluntad de los agentes políticos, sino que, por el contrario, son estos -algunos de ellos, en particular- los que deliberadamente han impedido, y siguen haciéndolo, que las previsiones constitucionales se cumplan.

No deja de ser un tanto chocante que ante una situación tan anómala como esta desde el punto de vista institucional, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se contemple, la salida que se plantee no sea otra que la de recurrir a un mediador -o supervisor, o verificador o lo que sea- en Bruselas para que desde allí nos ayuden a resolver los problemas que nosotros no somos capaces de resolver aquí por nuestros propios medios. Y más chocante aún resulta que quienes han propuesto esta original vía de resolución de conflictos institucionales sean quienes han criticado fuertemente -y no faltaban razones para ello- la vía del mediador en Ginebra para afrontar los problemas derivados del fiasco del ‘procés’. Lo que realmente revelan tales propuestas no es otra cosa que la incapacidad para ofrecer alternativas algo más acordes con la propia institucionalidad. Es precisamente esta imposibilidad de hallar salidas razonables y viables a los problemas que se plantean -en este caso, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial- la muestra más patente de la crisis institucional en la que estamos instalados desde hace tiempo; con el riesgo cierto, además, de un enquistamiento que ya se está produciendo y hace más difícil encontrar salidas a medida que pasa el tiempo.

No va a ser nada fácil desfacer el entuerto institucional en el que estamos metidos, aunque conviene tener presente que somos nosotros los que nos hemos metido en él y que no es razonable pensar que vayan a ser otros los que nos lo solucionen. En situaciones como esta hay que evitar aceptar cualquier cosa con tal de salir del ‘impasse’ en el que estamos. No es admisible cualquier salida, menos aún si esta se hace bajo presión y con la amenaza de seguir manteniendo el bloqueo institucional -del CGPJ en este caso- si no se accede a las pretensiones de quien utiliza este arma para seguir conservando una posición de control en el órgano de gobierno de los jueces.

En este sentido, es preciso recordar que, de acuerdo con los Tratados de la UE, la Comisión Europea juega un papel clave en la construcción europea, pero entre sus competencias en ningún caso figura la de supervisar ni mediar en la configuración de los órganos de gobierno del Poder Judicial de los Estados miembros; en los que, dicho sea de paso, ni siquiera existe en todos ellos un órgano similar a nuestro CGPJ. Y, por otra parte, no sería admisible que para poder renovar este órgano haya que hacerlo bajo la condición de excluir al Parlamento en la elección de sus integrantes, que es el objetivo final a conseguir por los sectores que se resisten a perder su posición privilegiada en la estructura judicial.

De todas formas, está por ver lo que puede dar de sí el original hallazgo de la mediación de Bruselas para resolver los problemas institucionales propios y, de forma muy especial, el de la renovación de nuestro Consejo General del Poder Judicial, que es donde se focaliza con mayor intensidad la crisis institucional y que sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes que, después de más de cinco años ya, todavía no hemos conseguido aprobar. La legislatura que ahora comienza abre un nuevo escenario para poder afrontar este asunto, que no es un problema menor y que de no resolverse sin demora acabará afectando de forma decisiva a la propia estabilidad del sistema institucional en su conjunto.