EL MUNDO – 12/03/16
· La juez vuelve a imputar a Gómez Besteiro por seis delitos de corrupción un día después de que el líder socialista lo respaldaraLos de Rivera lo consideran inhabilitado para la Xunta.
Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos. Es la retahíla de nuevos delitos que se le imputaron ayer al líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, hacia quien se enfocaban todas las miradas como candidato natural de su partido en las próximas elecciones autonómicas, previstas para este otoño.
Su condición de imputado –investigado según la terminología jurídica actual– ennegrece por completo su futuro, no sólo por las posibles consecuencias penales sino porque lastra sus expectativas políticas tras el acuerdo firmado entre su formación y Ciudadanos.
El partido de Albert Rivera estima que esta nueva imputación, en el marco de la denominada operación Pulpo por su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Lugo, deja a Besteiro fuera de la carrera electoral. Consideran que no podrá ser el candidato de Pedro Sánchez. Se amparan en que el acuerdo de Gobierno sellado entre ambas formaciones, y que rubricaron hace una semana tras la investidura fallida de Sánchez, implica no incorporar en las listas a imputados
«Ciudadanos confía en que el PSOE cumpla con lo acordado con nosotros y no nombre como candidato al señor Gómez Besteiro en las listas de las próximas elecciones gallegas si se mantiene investigado por delitos de corrupción», confirmó ayer José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos y jefe de gabinete de Rivera.
El acuerdo de Gobierno firmado entre Sánchez y Rivera contiene un apartado especial «en materia de compromiso contra la corrupción» en el que PSOE y Ciudadanos «se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado». Puntualiza «a partir de la fecha». Besteiro se salvaba, hasta ahora, porque el contador se ponía a cero. Pero las nuevas imputaciones se conocieron ayer y el pacto PSOE-Ciudadanos se firmó el 24 de febrero. Esto es, entra dentro de la fecha en la que el contador ya computa.
Albert Rivera reaccionó a través de su cuenta de Twitter: «Necesitamos regeneración. Estoy convencido de que el acuerdo lo cumplirán PSOE, C’s y ojalá todos los demás».
«Los partidos tradicionales deben cumplir sus compromisos de apartar de las listas electorales a personas investigadas por delitos de corrupción política», manifestó Villegas, añadiendo a continuación que «así se ha hecho en aquellas comunidades autónomas en las que Ciudadanos tiene capacidad para decidir».
Horas antes de conocerse la nueva imputación, Besteiro fue cuestionado sobre si se presentará a las primarias del PSOE en las que se dictaminará el candidato socialista a la Xunta. Se limitó a responder que está «a disposición de lo que pida el partido». Esto es, no es el candidato oficialmente, pero tampoco descartó serlo. Es más, durante la visita esta semana de Sánchez a Galicia, el líder del PSOE respondió con un escueto «sí» sobre si Besteiro era la persona adecuada para liderar el cambio en Galicia. Tras darse a conocer la imputación, el preferido de Sánchez para ser su candidato a la Xunta no realizó nuevas declaraciones, pues aseguró sentirse en una situación de «inadmisible indefensión» en la que no tiene acceso a los motivos por los que la juez le ha citado a declarar.
Por su parte, desde la dirección del PSOE se ciñeron a la aplicación de su normativa interna que, en su artículo 5.3, señala que «toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal».
De momento, la juez de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, le citó a declarar como investigado por seis delitos por su etapa como presidente de la Diputación de Lugo en una investigación que, entre otras prácticas, investiga a la institución porque incluía en los denominados «gastos sociales» cantidades de cuantioso importe, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas.
No es la primera causa judicial de Besteiro, que ya está imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio en el llamado caso Garañón por su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Lugo. Pero tanto él como su círculo habían defendido tanto su inocencia como la firme convicción de que este proceso judicial no afectaría a sus aspiraciones políticas a la Xunta . El propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le respaldó el jueves con una visita relámpago a Galicia. Sin embargo, esta investigación le deja en una agónica situación.
El secretario general de los socialistas gallegos deberá comparecer en calidad de imputado el próximo 11 de mayo de 2016, a las 10.30 horas, en el marco de la operación Pulpo, que investiga presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Diputación de Lugo en los años en los que Gómez Besteiro fue presidente, pero también en una etapa anterior en la que dirigía la institución Francisco Cacharro Pardo (PP).
Las trabajadoras del programa denominado KM0 destaparon las presuntas irregularidades al denunciar la gestión del programa y el acoso al que presuntamente las sometía el jefe del servicio de Protocolo, que ahora también figura entre los imputados, pero la investigación se amplió a presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos al grupo Monbus, de modo que entre las siete personas a quien ha citado a declarar la juez está Raúl López López, el principal empresario del transporte de Galicia, propietario de la empresa Monbus y presidente del club de baloncesto Obradoiro de la Liga ACB, en su caso por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada. La operación Pulpo investiga también el otorgamiento supuestamente fraudulento de subvenciones y diversos delitos relacionados con la Administración pública a otras cinco personas.
EL MUNDO – 12/03/16