La coalición de las derechas italianas (Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia) gobernará previsiblemente Italia durante los próximos años. Pero ¿cuáles son exactamente sus propuestas económicas para un país que lleva 30 años estancado y que carga con una gigantesca deuda pública equivalente al 150% del PIB? Pues, en esencia, el populismo tributario, a saber, las promesas genéricas de bajadas de impuestos, pero sin recortar proporcionalmente los gastos o incluso incrementándolos. 

Si acudimos al acuerdo de gobierno de las derechas italianas, encontraremos muchas propuestas fiscales que, aisladas, suenan estupendamente para cualquier liberal. Por ejemplo, establecer un primer tramo del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades del 15% o del 20% hasta los primeros 100.000 euros de ingresos. O introducir los cocientes familiares dentro del IRPF, de manera que se tribute por la renta que resulte de dividir los ingresos totales del hogar entre el número de miembros del mismo. O incluso rebajar el IVA de numerosos bienes y servicios, especialmente los energéticos, con la excusa de contrarrestar la inflación (en realidad, la inflación tiene otras causas y no se combate así). Añadan a todo ello bonificaciones fiscales para las empresas que incrementen su plantilla o su oposición a incrementar el impuesto sobre sucesiones y tendrán un plan fiscal que, repito, aislado, resulta atractivo.

El problema reside en que el coste total en términos de pérdida de recaudación ascendería a varias decenas de miles de millones cada año. Acaso por ello, las propuestas más revolucionarias, pero también las más costosas, como el tipo único fiscal hasta 100.000 euros o los cocientes familiares, sean formuladas como futuribles que no comprometen realmente a nada: «Introducción progresiva de los cocientes familiares» o «perspectiva de futura ampliación [del tipo único] para familias y empresas». A la postre, si uno renuncia a tamaña recaudación tributaria, deberá reducir de manera igualmente intensa el gasto público (si no de manera inmediata, sí al menos en el medio largo plazo), y no parece que las derechas italianas estén dispuestas a ello. 

Más bien al revés: lo que encontramos en el acuerdo de gobierno son promesas de cebar aún más el gasto público del país. Por ejemplo, educación infantil gratuita, aumento de las pensiones mínimas, promoción de viviendas públicas en los suburbios de las zonas más empobrecidas, ampliación de la cartera de servicios sanitarios gratuitos, construcción de nuevas escuelas y de nuevas residencias universitarias o subsidios a los jóvenes para hacer frente a la entrada de la hipoteca. Es verdad que, en todo caso, se trata de compromisos bastante inconcretos y no especialmente cuantiosos (el grado de irresponsabilidad presupuestaria no llega al de otros populistas tributarios a ambos lados de Atlántico), pero no obstante se trata de un incremento del tamaño del Estado cuando, si de implementar su programa fiscal se tratara, deberían promoverse recortes intensos del presupuesto estatal.

Antes del covid, el peso del gasto público en el PIB superaba el 48,5%, frente a unos ingresos que equivalían al 47%. No se trataba de un Gobierno precisamente escuálido y minimalista. Pero incluso a aquellos partidos que propugnan rebajas fiscales y que supuestamente deberían estar preocupados por el rampante gasto público italiano, parece que el desbordante tamaño de ese Estado les parece insuficiente y por ello reclaman nuevos epígrafes a través de los cuales expandir las redes clientelares de la Administración.

Visto lo visto, me temo que, en el mejor de los casos, lo máximo que ofrecerá la coalición de derechas es una estabilización de la carga fiscal de los italianos y, a lo sumo, una rebaja con cargo a un endeudamiento adicional que el país no se puede permitir. No es que sea poca cosa (especialmente lo primero), pero desde luego no es un cambio de rumbo, sino una alternancia en la decadencia.