Cuando el diálogo significa sometimiento

Es necesario el diálogo entre ciudadanos, entre diferentes, entre administraciones, y no es menos trascendente el diálogo entre la Administración y el ciudadano, aunque en este último caso se rompe la base más característica del diálogo: la igualdad entre los sujetos de la conversación racional con voluntad de llegar a objetivos prácticos y sencillos o tan complicados como el de la verdad. ¿Abogo por creer que es imposible el diálogo entre el poder y el ciudadano? ¡No! Ese diálogo es posible en determinados regímenes. Es imposible desde todo punto de vista en las dictaduras, donde no existe espacio público y, por lo tanto, tabla en la que negociar porque todo lo ocupa y todo lo decide el Estado. Tampoco es posible en las democracias agobiantes, en esas que llaman directas, que no han pasado de ser perturbaciones sicológicas o faramallas ideológicas porque en ellas sólo habría vencedores y vencidos, ganadores y perdedores, mayorías y minorías sin esperanzas.

En fin, ese diálogo sólo es posible en una democracia social-liberal, basada en construcciones intelectuales con la fuerza de lo real. Si es posible basar la convivencia pacífica y lograr el progreso y el bienestar en construcciones de nuestra inteligencia que nos permiten creer firmemente que todos somos iguales o que el Gobierno está en manos de los electores, también podemos imaginar, haciendo realidad ese principio filosófico tan debatido que defiende con ardor que sólo existe lo que pensamos, que las partes son iguales en un diálogo entre el ciudadano y el poder. Pero ni siquiera es posible el diálogo sobre todas las cuestiones y en cualquier momento en las democracias social-liberales. Si así fuera, el Estado perdería su principal característica, que no es otra que la de ser el titular del poder, es decir, la fuerza legítima por delegación de la sociedad; en esa ficción se basan los diálogos institucionalizados como el del Gobierno con los empresarios y los trabajadores. En el inverosímil caso de que triunfara el mantra del diálogo y se extendiera a todos los ámbitos, nos encontraríamos con un sistema paralizado, sin iniciativa y con una disminución radical del espacio privado de cada uno de los ciudadanos; y sabemos que sin un equilibrio, siempre inestable, entre lo público y lo privado, la democracia sería algo distinto y muy perturbador.

No hay nada mejor para los que no somos consumados teóricos que los ejemplos para hacernos comprender por los que nos escuchan o los que nos leen. Los independentistas catalanes y el actual Gobierno de España han hecho del diálogo una verdad con la fuerza milagrosa de todas las fatalidades religiosas. Quien se opone al diálogo es un apóstata merecedor de los mayores reproches por parte de esa iglesia denominada corrección política. Pero, ¿podríamos aceptar dialogar con quienes se han saltado la ley sin convertir en astillas inservibles la troncal confianza que los ciudadanos tienen, deberían tener, en el Estado? Por otro lado, el diálogo del Estado con los independentistas marginaría a una buena parte de la sociedad que tiene sus derechos, menospreciados por los nacionalistas.

En Cataluña se presenta una situación en la que el diálogo, en las circunstancias actuales, es imposible sin aceptar la victoria de quienes han transgredido la ley y una derrota de quienes, a satisfacción de sus ideas o no, han venido acatándola y aceptándola, a pesar de la interpretación independentista, ideologizada, sectaria y siempre a su favor. Justamente, el miedo a que el Gobierno democrático ejerciera las atribuciones propias del Estado, los complejos a la hora de ejercer la autoridad para la que se presentaron y fueron elegidos, la inclinación irremediable a pensar en el titular del periódico del día siguiente, olvidando en qué lugar les pondrá la Historia, ha provocado que España se encuentre una vez más en una encrucijada.

El proceso judicial a los líderes independentistas será una dura carga para la nación que nos dividirá más y fortalecerá a los más radicales. En situaciones como ésta el diálogo no sólo no ayuda a solucionar los problemas, sino que termina enfangando todo el espacio público. El empeño del Gobierno en aprobar los Presupuestos con los secesionistas puede ser considerado, a fuerza de parecer inevitable, normal y necesario; pero no tengan dudas de que provocará, si al final se consumara lo que a mí me parece quimera, una reacción apasionada en una parte de la sociedad y quitaría todo el sentido al proceso judicial. ¿Cómo juzgar con arreglo a la ley a quienes en realidad soportan al Gobierno en un trance tan fundamental como es el de la aprobación de los Presupuestos?

Llegando a este punto, cuando correspondía en el artículo desarrollar otro ejemplo de la inutilidad del diálogo en ocasiones en las que está en juego la libertad, la democracia o la dignidad de un pueblo, léase Venezuela, leo que la vicepresidenta del Gobierno ha aceptado la figura de un relator para que lubrique las relaciones entre los independentistas y el Ejecutivo. Me detendré, pues, en lo que significa la desahogada iniciativa de Moncloa. Es una bomba de relojería en las entrañas del PSOE, porque el Gobierno acepta de hecho reunirse en plano de igualdad con quienes han vulnerado repetidamente las leyes; pierde así cualquier grado de legitimidad para seguir siendo un partido institucional.

PERO SONmás graves las consecuencias porque, en un evidente fraude de ley, pervierten el recto funcionamiento del sistema democrático, despreciando el papel fundamental de los parlamentos (el de Cataluña, y desde luego el Congreso de los Diputados). En esta situación sin precedentes, los diputados y cargos públicos relevantes del PSOE deben unirse a quienes venimos pidiendo ¡elecciones ya! No es posible seguir apoyando un Gobierno que sólo cuenta con 84 diputados, siendo el resto de los apoyos parlamentarios más carceleros que socios leales. En el caso, por desgracia probable, de seguir obcecadamente en un Ejecutivo capitidisminuido políticamente, el presidente debe prescindir de la vicepresidenta, porque ella, responsable del diálogo con los independentistas, tiene que asumir el inmenso error que supone la ocurrencia. Su permanencia viciaría a todo el Gobierno y haría añicos, sin dudas, el crédito político y ético de personas como Borrell.

Desde luego quiero dejar claro que Iceta a mí no me representa en ninguna mesa; puede representar a los socialistas catalanes, ¡allá ellos!, pero con mi silencio no usurpará la representación del socialismo español. Por otro lado, no puede haber negociación política en ningún ámbito sobre el futuro de España sin contar con el PP y con Ciudadanos. Sin esas condiciones que preservan la historia honorable del PSOE, yo me sentiría libre para tomar las decisiones que fueran acordes con la gravedad de la situación y que tantas veces he postergado por ser fiel a unos sentimientos muy arraigados.

Soy un firme partidario del diálogo, pero en nuestras democracias el diálogo público es un instrumento ocasional para encontrar puntos más sólidos de convivencia. Sin embargo, los apóstoles del diálogo morboso esconden una cobardía inmoral o lo invocan como los trileros muestran su reclamo para engañar a los confiados; a ellos se unen los que tienen una visión política en la que lo público deglute a lo privado. En todos los casos siempre termina siendo un desastre, a veces trágico. Los que defienden el diálogo hasta en momentos incomprensibles son los que no tienen valor para gritar lo que gritó Louis Aragón: «¡Siempre daremos la mano a vuestros enemigos!».

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.