El acuerdo con el que la comisión bilateral Estado-Generalitat ha sustanciado este lunes la llamada «financiación singular» de Cataluña incluye una suerte de exposición de motivos sobre la base de oxímoros como la singularidad generalizable o la bilateralidad multilateral.
Pero este enrevesado galimatías no sirve para soslayar el origen bastardo de esta reforma: un acuerdo con ERC el pasado noviembre a cambio de la investidura de Salvador Illa.
Puesto que sería obsceno admitir abiertamente que Pedro Sánchez ha impuesto un cupo catalán al resto de España a la medida de los socios separatistas de los que depende, se ha optado por la fórmula de presentar a Cataluña como una especie de avanzadilla benefactora para el resto del país.
Buscando «mayor autonomía fiscal y autogobierno», Cataluña contribuirá a avanzar hacia una «reforma general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas» de la que todos se beneficiarán.
Una estrategia argumental similar a la que ensayó el Gobierno para suavizar la quita de la deuda a Cataluña.
El Gobierno cree que basta con el brindis al sol de contemplar las «singularidades y las necesidades de todos los territorios» y una cuota de solidaridad para hacer este modelo «extensible al resto de administraciones tributarias autonómicas».
Resulta risible la pretensión de que ese «modelo de gestión del sistema tributario en red», al que el resto de Administraciones Tributarias autonómicas podrán irse sumando, no va a redundar en una merma de los recursos del Estado.
Pero la pregunta fundamental que se plantea es con qué derecho el Gobierno de Sánchez se arroga la autoridad para decidir esta quiebra de la solidaridad interterritorial.
«La Generalitat de Catalunya —reza el texto— siempre ha liderado los procesos para el impulso y la mejora de la financiación autonómica y, en este sentido, tiene la voluntad de plantear un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que pueda ser generalizable a otras Comunidades autónomas».
Se trata de un argumento circular: Cataluña está autorizada para asumir mayores competencias en materia financiera por su «singularidad». Y este «hecho diferencial» no es otro que el que constituye el hecho mismo de haber ido «asumiendo y ejerciendo mayores competencias que el resto de CCAA».
Esos «mayores niveles de autogobierno» justificarían, según el texto, que Cataluña negocie de forma bilateral con el Estado el nuevo sistema de financiación.
Pero esta falaz profecía autocumplida es incapaz de camuflar el acontecimiento escandaloso que supone que en un documento bilateral firmado entre la Generalitat y el Gobierno se determine el destino de todos los españoles, y se negocie a sus espaldas el desfondamiento de sus bolsillos.
Porque el acuerdo no se limita a dotar a Cataluña de una excepción del régimen común inviable e injusta, sino que perfila un nuevo modelo tributario de gravísimas repercusiones para todos los demás territorios.
El experto fiscalista Francisco de la Torre ha recordado en este periódico que dar a Cataluña un cupo al estilo del vasco, y ampliarlo luego al resto de España, supone poner en riesgo las cuentas del Estado, que se quedaría sin liquidez para sufragar las pensiones, los intereses de la deuda y las prestaciones sociales.
Es decir, que equivaldría a su desguazamiento completo.
Pero es que, además, la «ampliación de la capacidad normativa» en materia impositiva de la comunidad autónoma catalana, recogida en el acuerdo, no puede considerarse una mera ampliación de su autonomía financiera, sino una auténtica soberanía fiscal para Cataluña.
No en vano, el texto reconoce que el proyectado despliegue de la hacienda catalana, hacia el horizonte de la recaudación del 100% de los tributos, supone el primer paso de «un modelo tributario federal».
El problema es que este cambio de modelo que el Gobierno pretende imponer para trocear la Agencia Tributaria con un golpe de mano no tiene ningún respaldo constitucional.
Porque la única excepción al régimen financiero común reconocida en la Constitución Española, en su disposición adicional primera, son los fueros de Cataluña y País Vasco.
La reforma del sistema de financiación que hoy ha empezado a impulsar el Gobierno es otra de las manifestaciones del proceso de mutación constitucional que está encabezando el Gobierno de Sánchez. Un hito más en el itinerario que ha seguido recientemente también la constitucionalización de la amnistía.
Y una forma de reanudar el proceso de desvinculación de Cataluña del resto del Estado, retomando las concesiones que se frustraron con la anulación parcial del Estatut de 2006 por el TC.
El problema es que, a diferencia del caso de la amnistía, el reconocimiento de una independencia económica de facto para Cataluña no atenta únicamente contra el espíritu de la Constitución, sino también contra su letra.