El Gobierno ha celebrado el triste consuelo de que el PP haya perdido este martes en el Congreso las diez votaciones celebradas a instancias de su grupo parlamentario. La Diputación Permanente ha rechazado las tres peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre su política migratoria, sobre la fuga de Puigdemont el pasado 8 de agosto y sobre la posición del Ejecutivo ante el fraude en Venezuela.
De este modo, los socios de Pedro Sánchez (excepto Junts, que se ha unido a PP y Vox para apoyar cuatro de las solicitudes de comparecencia) han salvado al presidente de tener que acudir a la Cámara en sesión extraordinaria para dar explicaciones.
La quimérica «mayoría progresista» podrá presumir de su cohesión para ahorrarle a su líder un mal trago. Pero esa mayoría progresista apenas puede aspirar ya a evitar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.
También se han rechazado las peticiones de comparecencia de los ministros de Hacienda, Transportes, Exteriores e Igualdad. Pero cuando el Gobierno no da explicaciones, quien sale perdiendo no es la oposición, sino el conjunto de la ciudadanía.
Además, el triunfo que se quiere anotar el Ejecutivo es aún más pírrico si se tiene en cuenta que ha ganado sus votaciones in extremis.
En el caso de la comparecencia sobre política migratoria, Sánchez se ha librado por la mínima gracias a la abstención de Ione Belarra y debido a que el reglamento establece que, cuando se da un empate en los votos, la votación se repite dos veces más. Si no se deshace el empate, la iniciativa se considera rechazada.
En el caso de la solicitud de comparecencia de María Jesús Montero para aclarar «exactamente qué es lo que ha acordado» con ERC en materia de «financiación singular», se ha rechazado por sólo un voto.
Esta es una prueba más de la ajustadísima mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno y que implica que cada votación se resuelva por la mínima. Una aritmética que amenaza con hacerse aún más reñida si José Luis Ábalos, desairado tras la investigación del Ministerio de Óscar Puente sobre su papel en el caso Koldo, cumple con su advertencia de votar «en conciencia» a partir de ahora.
A ello se suma el nuevo gesto de desafío de Junts en la primera votación tras su ruptura con el PSOE con motivo del acuerdo con ERC para la investidura de Illa. Porque los de Puigdemont se han desmarcado de la mayoría de investidura para votar junto al PP a favor de que el Gobierno rindiera cuentas por la emergencia migratoria y el concierto catalán.
Sánchez se ha acostumbrado a vanagloriarse de sus modestos triunfos, que suelen tener en común una lesión del interés general. En este caso, el consuelo es aún más triste. Porque si la votación se hubiera celebrado en el Pleno del Congreso y no en la Diputación Permanente (el órgano que sustituye al Hemiciclo en los periodos inhábiles, y cuyas mayorías no se corresponden con las del pleno), estas solicitudes se habrían aprobado.
Puede que un Gobierno que se ha marcado el único horizonte de resistir se conforme con esta dinámica agónica. Pero lo cierto es que sólo cuenta con una mayoría estrictamente negativa: está en condiciones de bloquear, pero no puede llevar a cabo nada positivo.
Cuando un Gobierno únicamente existe para que no gobiernen los otros, sólo le queda hacer escarnio de quienes tampoco reúnen los números para descabalgarle. Pero eso no puede ocultar que toda la victoria de la que puede envanecerse el Gobierno no es otra que la de haber pasado de bloque mayoritario a fuerza de oposición a la oposición.