EDITORIAL-EL ESPAÑOL
Como ha explicado este periódico —apoyándose en la opinión de los juristas y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional—, las dos principales exigencias de Carles Puigdemont a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el referéndum de autodeterminación y la amnistía para los implicados en el procés, no tienen cabida en la Constitución Española.
Y sin embargo, es condición sine qua non para que Sánchez pueda recabar los votos de Junts ingeniar alguna vía en medio de las negociaciones para atender la demanda de la amnistía. Al menos un simulacro dilatorio que sirva para calmar los ánimos de los independentistas mientras duren.
Así se puede leer la maniobra que ha tenido lugar este miércoles, después de que la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional decidiera no admitir a trámite el recurso que el ex president y el exconsejero Toni Comín interpusieron contra la orden de detención dictada por Pablo Llarena.
Poco después, la Fiscalía ante el TC —dependiente del fiscal general nombrado por el Gobierno— anunció que recurrirá la inadmisión del recurso de Puigdemont y Comín. La cronología de los hechos es muy elocuente, y transparenta motivaciones políticas.
En primer lugar, la única magistrada propuesta por el Gobierno en la Sala de Vacaciones (una estrecha colaboradora de Félix Bolaños), formula un voto discrepante en el que critica que «se ha precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones».
A continuación, Jordi Turull, Laura Borràs y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye manifiestan su descontento con la resolución del TC con una argumentación idéntica a la de la magistrada progresista. Denuncian que «resuelven en tiempo récord, en agosto», e ironizaron con que «el recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto, ni un juicio rápido es tan rápido».
Y al cabo de un rato, la Fiscalía anuncia un recurso basado en la misma justificación: la ausencia de motivos de urgencia para que sea la Sala de Vacaciones la que resolviera sobre el mantenimiento de la orden de detención. La celeridad de este movimiento es más sospechosa si cabe al producirse en pleno descanso estival, y cuando las impugnaciones del Ministerio Público por inadmisiones de recursos de amparo son muy infrecuentes.
Sería ingenuo pensar que esta sucesión de acontecimientos no responde a una escaramuza que viene a lanzar un mensaje de carácter político a Puigdemont. Una suerte de ensayo general de las negociaciones para la investidura, mediante la representación de un teatrillo que pretende trasladar al prófugo que se hará todo lo posible por favorecerle en el TC. Y alentar así sus expectativas de que el Tribunal podrá avalar decisiones que afecten a la soberanía nacional. En definitiva, respaldar tácitamente las tesis de Juan Antonio Xiol, exvicepresidente del TC cercano al nacionalismo, que asegura que la amnistía podría ser «perfectamente» constitucional.
Además, teniendo en cuenta que la Sección de Vacaciones es la única de las secciones que en este momento tiene mayoría de magistrados conservadores, se pretende apaciguar al independentismo con la idea de que los adeptos al Gobierno son mayoría en el Tribunal. Con este alineamiento de los juristas afines en el TC y la Fiscalía con la defensa de Puigdemont, Sánchez quiere tener una coartada frente a Junts con la que sostener que sólo los magistrados conservadores les causarán problemas.
No obstante, la argumentación de la resolución de la mayoría de la Sala de Vacaciones es difícilmente cuestionable. Una petición de medida cautelarísima es, por su propia naturaleza, urgente. Porque no podía producirse un vacío jurídico sobre la orden de detención en el caso de que Puigdemont y Comín se presentasen en España en agosto, teniendo pendiente la resolución de un recurso de amparo en el TC con una petición cautelar de suspensión de esa orden.
En cualquier caso, dada la actual mayoría progresista del TC, es previsible la estimación del recurso de la Fiscalía. Pero esta escaramuza tiene escaso recorrido. Porque, en caso de que prosperase la impugnación del fiscal, sencillamente se volvería a la casilla de salida. Esto es, a una nueva decisión sobre la admisión de la demanda de amparo.
Y es que es improbable que haya un solo miembro del TC que no esté de acuerdo en rechazar el recurso de Puigdemont. Nadie duda de que cuando el Tribunal entre en el fondo del recurso —lo que se discute es la compatibilidad de la condición de eurodiputados con la orden de detención emitida por Llarena—, no suspenderá la orden. Y que todos los magistrados coincidirán con la Sección de Vacaciones en la «manifiesta inexistencia» de violación de un derecho fundamental en la resolución del juez del Tribunal Supremo.
Además, no sería de recibo que el TC suspendiera la decisión de Llarena cuando los tribunales europeos han avalado el acuerdo de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont para que pueda ser juzgado en España.
Por eso, es realmente lamentable que la Fiscalía esté actuando como una especie de peón político en el juego de las declaraciones y contradeclaraciones. Y que vaya a presentar un recurso que parece más orientado a tranquilizar a Puigdemont que a velar por el buen funcionamiento del TC.
Y resulta inquietante que se haya roto la unidad con la que el Tribunal ha venido afrontando sus decisiones sobre un tema tan claro e indiscutible como la defensa de la Constitución frente al desafío soberanista.