En todas partes hay ovejas negras. También en los cuerpos de seguridad. En ciertos destinos la tentación te pasa rozando a todas horas, y cuando a fin de mes llegan los 2.000 euros de la nómina después de habértela jugado persiguiendo narcos a tres millas de la costa, hay quien elige riesgos mejor remunerados.

En España, “la inexistencia de una auténtica división de poderes (dado el control o la fuerte influencia del Ejecutivo sobre el legislativo y el judicial)”*, y su consiguiente secuela, la insaciable voracidad de los partidos políticos, han sido los factores que en mayor medida han favorecido la adhesión a estas o aquellas siglas de funcionarios que un día concluyeron que ese era el camino más rápido de progresión profesional.

En este casi medio siglo de vida de la Constitución, los partidos han ido consolidando en los cuerpos superiores de la Administración General del Estado, en la Judicatura y la Fiscalía, grupos ideológicamente afines, minoritarios, pero con una influencia muy superior a la de los colectivos no alineados, mayoritarios en los distintos cuerpos pero con un poder por lo general subalterno.

Ha sido en las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) donde la infiltración de los partidos ha encontrado mucha más resistencia. Probablemente porque se trata de cuerpos más impermeables y fuertemente jerarquizados, en los que el valor supremo -cierto que no siempre para bien- es la lealtad al uniforme. Más enfáticamente en la Guardia Civil, cuya naturaleza militar opera como aislante reforzado.

No existe la impunidad en una democracia que se precie. En una democracia con contrapesos, a las cloacas del Estado, si las hubiere, las investiga y combate el Estado, no cuatro fontaneros de medio pelo

No es fácil ganarse el respeto del Cuerpo Nacional de Policía o de la Benemérita. Mucho menos si en siete años se cambia cinco veces a su máximo responsable, prescindiendo primero de un magistrado y después de un alto funcionario para acabar entregando el control del cuerpo a políticos, en este caso políticas, de innegable fidelidad al aparato (del partido) y discutible capacidad.

El funesto mensaje que ese persistente baile de nombramientos traslada, hacia fuera y sobre todo hacia dentro, es doble: la falta de respeto por una institución que ha prestado y presta grandes servicios al Estado y los sucesivos intentos de controlar el instituto armado y sus servicios punteros (para completar el cuadro, añadamos a lo anterior el largo inventario de desaires sufridos en esta legislatura por Policía y Guardia Civil para contentar a los socios del Gobierno).

Las distintas tentativas de domeñar uno de esos servicios, la Unidad Central Operativa (UCO), han resultado fallidas. Al menos parcialmente. Y haberlas, las ha habido. En este artículo contamos en su día cómo el ministro del Interior cesó a Leonardo Marcos (alto funcionario y director de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024) cuando éste, ante el requerimiento de atar corto a la UCO, respondió que cuando los agentes de la unidad actúan como policía judicial tal pretensión es del todo inviable. “Desenlace: cese fulminante vestido de dimisión voluntaria por motivos personales” y lejano pero confortable destino en la embajada de España en Washington.

La elegida para suceder a Leonardo Marcos fue Mercedes González, que ya había ocupado el puesto con anterioridad cuando otra comisaria, María Gámez, tuvo que dimitir tras ser imputado su marido por un juzgado de Instrucción de Sevilla. González, hasta febrero de este año, ha compatibilizado su cargo de directora general del cuerpo con la secretaría de la Agrupación Socialista de la ciudad de Madrid. Y ahora, cuando hace ya varios días que conocimos detalles inquietantes sobre una posible operación para desprestigiar a los mandos de la UCO, la señora González sigue sin decir una sola palabra de apoyo a la institución que representa. Comprensible.

Silencios sicarios

El silencio de la máxima responsable del cuerpo, o la tardía y ridícula reacción del PSOE («apertura de expediente informativo», una broma de mal gusto) tras conocerse el vídeo en el que la fontanera Leire Díez pedía a un empresario vinculado a la trama de Koldo información contra la UCO, ponen de manifiesto el alcance de una operación que, si hacemos caso a otro de los implicados, Javier Pérez Dolset, comprometería al presidente del Gobierno, cuyo silencio ha sido el más revelador de todos.

Son efectivamente comprensibles. Los silencios. Hay pánico ante lo que pueda aparecer mañana. Y es que en el caso de que además de lo ya sabido se publicara información que demuestre fehacientemente que el intento de acabar con el prestigio de la UCO ha contado con el beneplácito de miembros del Gobierno, y se confirmara que a tal fin se han utilizado recursos de algún ministerio u organismo público, no estaríamos solo ante un mayúsculo escándalo político, ya de por sí suficiente para cuestionar la continuidad del Ejecutivo, sino en un escenario en el que las presuntas responsabilidades habrían también que sustanciarse en el territorio propio del Código Penal.

Como ha señalado algún medio no precisamente progubernamental, las investigaciones de la UCO no siempre han sido acertadas, incluso se han dado casos en los que el trabajo acumulado en ciertos juzgados, o la pasividad de sus titulares, han propiciado que esta unidad de élite de la Guardia Civil se apoderara de la instrucción, casi siempre por omisión de su titular. Pero los servicios que han prestado a la sociedad los miembros de esta unidad operativa son incuestionables.

De confirmarse la implicación del Gobierno, no estaríamos solo ante un mayúsculo escándalo político, sino en un escenario en el que las presuntas responsabilidades habrían de sustanciarse en el territorio propio del Código Penal

El intento de neutralizar su trabajo mediante operaciones de descrédito, asumiendo el elevado riesgo del encargo, además de evidenciar la catadura moral de quienes lo pretenden ejecutar sugiere, y esto es aún más revelador, la enormidad de lo que se quiere tapar.

Al igual que lo que pone de manifiesto la pretensión de acelerar la reforma pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -pretensión vana en estas circunstancias- para poner a la UCO y a la UDEF a las órdenes de los fiscales, son los nervios de un Gobierno que ve cómo a diario se va descomponiendo un blindaje compuesto de prepotencia y sensación de impunidad. Lo de siempre.

No hay impunidad en una democracia que se precie. En una democracia con contrapesos, a las cloacas del Estado, si las hubiere, las investiga y combate el Estado, no cuatro fontaneros de medio pelo. Afortunadamente, en el ámbito de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado esos contrapesos siguen funcionando.

Y son esos contrapesos, que aún operan en no pocas instituciones públicas y privadas, los que están provocando que el que fuera candidato de la militancia pueda acabar pasando a la historia, eso que tanto le preocupa, como el presidente de la mangancia. O algo peor. Está en su mano evitarlo. O quizá ya no.