En otro contexto cabría la crítica política al uso, con un rango de intensidad adecuado a los gustos de cada cual. Del índice admonitorio a la regañina paternalista. Se podría ofrecer un concierto de reproches. Los unos dirigidos a la izquierda política y sindical por los ERE, menuda morterada. Los otros por el nepotismo gubernamental, o calviñismo. Reproches por el manejo de los fondos europeos, de una oscuridad propia de los peces abisales. O por las consecuencias de la ley ‘sisí’, que se tragó hasta Cs, y las próximas violaciones reincidentes que llevarán su nombre. Así, se recrudecería la crítica política hasta llegar las generales, en la misma medida en que el Gobierno sigue precipitándose en el asilvestramiento: señalando a jueces y a comunicadores con el dedo, auxiliando a mandatarios extranjeros corruptos, justificando golpes de Estado al otro lado del charco. Eso sí, siempre obsesionados con la bragueta del administrado. Transcurrirían unos meses de política a cara de perro.

Pero no. Asistimos a algo de gravedad infinitamente mayor, conque todas las enormidades del abuso, la arbitrariedad y la mala gestión pasan a segundo plano porque lo que nos están cambiando son las reglas de juego. Se trata de institucionalizar el abuso desactivando el sistema de ‘checks and balances’ y otorgándole al líder schmittiano el mando absoluto. Quedarían los poderes públicos como decorado, sujetos al que esgrime una legitimidad refrendaria que pasa por encima de cualquier otra consideración. Es un autogolpe algo menos grosero que el de Pedro Castillo, Sombrero Luminoso, a quien echaron droga en el colacao, según nos cuenta. Castillo carecía de maneras, de juristas suscritos al uso alternativo del Derecho, de grandes medios de comunicación quebrados con respiración asistida y de una tropa de zurupetos paniaguados repartidos por las tertulias televisivas.

Hacia el nuevo régimen por los resquicios del ordenamiento. En el iter golpista, si no hay resquicio se aplica el taladro legislativo. Es sabido: leyes para la ocasión, indultos y demás antiinflamatorios de impunidad, como derogar la sedición y diseñar una malversación que no les afecte (repetir el golpe de octubre del 17 no será delito), amenaza penal al CGPJ más renovación obscenamente inconstitucional por sextos del TC, al que se recortan competencias. Los que dieron el golpe no habrán delinquido. En consecuencia, quedará desautorizada la Corona por cumplir su papel como símbolo de unidad y permanencia del Estado, y prevalecerá allende nuestras fronteras la versión del Puigdemont bruselense sobre España y su carácter represor. El autócrata ya reivindica un republicanismo luminoso. Normalizado el golpe y neutralizados todos los controles al Ejecutivo, el cambio de régimen puede ser fáctico, con el Rey como curiosa rémora arcaica, o formal. Vuestra Majestad verá, viene a decir el déspota.