Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 14/12/11
L a Zarzuela se ha visto forzada, finalmente, a tomar una decisión que con toda probabilidad quería evitar: apartar a Iñaki Urdangarin de todos los actos oficiales. Aunque el portavoz de la Casa del Rey recurría, al anunciarlo, al socorrido eufemismo de la falta de un «comportamiento ejemplar» y solicitaba que no se sometiese al yerno de don Juan Carlos a un juicio paralelo, la propia decisión de dejarlo solo y a su suerte -pues de eso se trata en realidad- pone de relieve la extrema gravedad del escándalo que afecta a la Corona.
Iñaki Urdangarin, digámoslo con toda claridad, no se merece otra cosa. Su increíble irresponsabilidad, en desprecio del daño que su avaricia podía causar a los reyes y a los príncipes de Asturias, hace indispensable que todos ellos se quiten literalmente de en medio y no manifiesten gesto alguno del que pudiera derivarse solidaridad, ni aun comprensión, hacia una forma de actuar que, en el mejor de los casos, es indigna de quien se pasea del brazo de la hija del jefe del Estado.
Pero el escándalo Urdangarin exige, además, fijar la mirada más allá de su figura. En primer lugar, en los propios responsables de la Casa del Rey, cuya obligación in vigilando debería haber evitado, desde luego, que un familiar directo del monarca pudiera causar a la institución un daño que, en parte, resulta ya por desgracia irreparable. Alguien en la Casa del Rey debería responder por ello y probablemente ser cesado por un descuido de tanta gravedad. Pero nuestra mirada debe dirigirse también, en segundo lugar, aunque en un contexto diferente, a los expresidentes de las comunidades valenciana y balear (Francisco Camps y Jaume Matas), que con su presunto comportamiento han demostrado una absoluta y gravísima deslealtad institucional, pues ninguno de los dos podía desconocer el daño que haría a la monarquía el conocimiento público de sus trapicheos con el yerno del monarca.
Con el apartamiento de Urdangarin de todos los actos oficiales se ha puesto un primer cortafuegos, que será del todo insuficiente si el implicado es procesado y, no digamos ya, si resulta condenado. En tal caso, la Zarzuela debería actuar, de inmediato y sin contemplaciones, anunciando la renuncia de la infanta Cristina a la sucesión a la Corona, por más improbable que aquella pueda ser, dado su puesto en la línea sucesoria.
Uno comprende que no salir en socorro del marido de una hija, incluso cuando se ha comportado presuntamente de un modo inaceptable, es duro para los padres que han de tomar esa decisión. Pero don Juan Carlos y doña Sofía no son unos padres normales, y de que antepongan sus deberes institucionales a sus sentimientos personales podría depender el futuro de una monarquía que ha rendido tantos y tan buenos servicios a nuestra democracia.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 14/12/11