La sentencia del TC que restriega a Sánchez la impunidad del segundo estado de alarma carece, obviamente, de valor retroactivo, pero reviste un escarmiento de extraordinaria gravedad respecto a los poderes desproporcionados que adquirió el jefe del Gobierno con la siniestra complicidad del Parlamento. Porque fue el Parlamento el que se practicó a sí mismo una eutanasia temporal. No solo con las fuerzas leales a la coalición, sino con otras formaciones —Ciudadanos— que habilitaron la congelación de un contrapoder cuando más resultaba necesario el escrutinio a Pedro Sánchez y más necesitaban los ciudadanos un espacio de representación.

El coronavirus nos mantenía en estado de sugestión, cuando no de mansedumbre. Y el trauma de las restricciones de movimientos y de libertades, tan discutibles como inconstitucionales durante el primer estado de alarma, predisponían más que nunca la expectativa de un Parlamento vigilante respecto a sesgo autoritario del Ejecutivo. Pero sucedió lo contrario. La Cámara Baja se avino a crionizarse, se desactivó. Y validó los motivos de intendencia política que Pedro Sánchez amontonó para sustraerse a los controles elementales. A Sánchez le aburrían las comparecencias. Le desquiciaba el trámite de renovar sus facultades cada 15 días. Ni siquiera acudió al Congreso el día en que le dieron los superpoderes.

La sentencia del TC alude a la anomalía democrática de un Parlamento en suspensión. Sánchez únicamente estuvo obligado a presentarse cada dos meses. Y eso fue lo que hizo. Torear al Congreso con el aplauso y la connivencia de los diputados (194). Los más allegados (PSOE, ERC, PNV, Bildu…). Los más críticos (Cs). Y hasta los más hostiles. El PP de Casado adoptó una posición inverosímil: la abstención, como si fuera sujeto abstencionista o asunto especulativo eludir una cuestión directa y decisiva. 

Vox no tuvo dudas al respecto. Se opuso a la prórroga. Y condujo la coherencia de la iniciativa parlamentaria al recurso del que se han ocupado con evidente división de opiniones —seis a cuatro— los magistrados del Constitucional. Tiene interés el matiz político porque el desprestigio del partido ultraderechista se utiliza para depauperar la sentencia. Y para describirla como un pulso de conservadores contra progresistas, como si fuera progresista la congelación del Parlamento. Y como si fueran progresistas las atribuciones que se otorgaron a las comunidades autónomas para restringir los movimientos y las libertades. Dicho de otra manera: la cogobernanza fue una fórmula inconstitucional. 

No tiene sentido, por lo tanto, denunciar política o mediáticamente que fuera Vox el motor del recurso. Lo que tiene valor es el debate técnico 

No tiene sentido, por lo tanto, denunciar política o mediáticamente que fuera Vox el motor del recurso. Lo que tiene valor es el debate técnico sobre la inconstitucionalidad en que se consumó el segundo estado de alarma, no ya respecto a la sumisión y capitulación de la Cámara Baja, sino respecto a la desmesura y arbitrariedad de los poderes autonómicos cada vez que se pronunciaban sobre las restricciones horarias, espaciales y conceptuales. 

Puede comprenderse que Sánchez quisiera sustraerse al control del poder legislativo. El cesarismo y el autoritarismo definen su idiosincrasia. Le sucede con la prensa, igual que le ocurre con los jueces. Recela Sánchez de los contrapoderes. La “novedad” del segundo estado de alarma consiste en que fuera precisamente el Parlamento quien decidiera disolverse.