EL MUNDO 31/10/14
VICTORIA PREGO
De nuevo el Gobierno da respuesta a las absurdas tretas de Mas, que creyó, como creen los niños, que tapándose la cara quedaría al abrigo de las miradas ajenas. Así es como ha intentado esconderse Mas: no firmando ningún decreto, no emitiendo ninguna orden administrativa para aparecer como si la Generalitat no estuviera implicada de hoz y coz en la organización de esta feria con urnas de cartón.
Pero esa trampa de esconderse detrás de sus propias manos no le ha impedido dar multitud de órdenes verbales para organizar la jornada del 9-N a su conveniencia y con la pretensión de quedar por encima del Tribunal Constitucional. A tanto llegó en su insolente ingenuidad que afirmó públicamente que «hay que engañar al Estado», como si fuera un avispado defraudador al Fisco o un evasor de capitales. Lamentablemente para él, el Estado no suele dejarse engañar si tiene la más mínima posibilidad de impedirlo. Y mucho menos si de lo que se está hablando es de la soberanía nacional y de la unidad de España.
El Consejo de Estado ha dado al Gobierno los argumentos obvios para cualquiera que tenga ojos en la cara y acusa a Mas de falta de lealtad y de estar cometiendo un fraude de ley. Porque, al final, nos encontramos con lo mismo de antes pero un poco peor: con que la Generalitat sigue promoviendo una votación sobre la independencia de Cataluña y haciendo exactamente las mismas preguntas que ya se le ha dicho que no puede hacer. Con la diferencia, a peor, de que ahora no hay censo ni controles dignos de tal nombre.
Así que Artur Mas se va a encontrar con los mismos inconvenientes que ya se habían alzado ante él cuando la primera impugnación del referéndum disfrazado de consulta. Y lo único que puede hacer es lo que ya insinuó ayer cuando se preguntó cómo impugnará el Gobierno a los 40.000 voluntarios del 9-N.
No, si a los voluntarios no se les va a impugnar, lo que se va a impugnar es el comportamiento de la Generalitat, de su presidente y de todo funcionario, todo, que participe en este montaje. De modo que no le quedará otra que dejarlo todo en manos de la ANC y compañía. Bien, eso no importa porque no tiene el menor valor. Dice el PSC que no tiene sentido prohibir una movilización que no tiene efectos jurídicos. Justamente de eso se trata: de evitar cualquier implicación institucional y de privar a esa convocatoria de todo efecto legal, por remoto que sea. Se quedará al final en otra performance de los independentistas, nada más. Bien está que lo que quede el 9 de noviembre sean los bordes deshilachados de lo que un día pretendió ser un asalto en toda regla a la Constitución para desmantelar España por la vía de la más flagrante ilegalidad. Al Estado no se le engaña así como así, señor Mas.