Juan Carlos Girauta-ABC
- Se normalizan aberraciones predemocráticas porque los mecanismos que deberían proteger el sistema no están funcionando
Se está normalizando la inversión de la carga de la prueba por razones ideológicas. De antiguo se conoce como ‘probatio diabólica’ la demostración de la propia inocencia, la necesidad de probar que uno no ha hecho algo. Un abuso de la Inquisición que regresa de la mano de las gentes de progreso. Lo diabólico viene de la dificultad que entraña. La lógica, y la naturaleza garantista de un sistema sancionador, obligan a probar al que acusa. Si rompes eso lo rompes todo. Entre otras razones, porque, eliminado el principio de presunción de inocencia, para instaurar una dictadura de hecho bastará con que un gobierno le coja el gusto a la arbitrariedad, actúe promoviendo su sesgo ideológico y se proponga un cambio de régimen fáctico. ¿Les suena?
Se normalizan aberraciones predemocráticas porque los mecanismos que deberían proteger el sistema antes de que se desvirtúe, antes de que sus principios y valores no valgan nada, no están funcionando. Para cada mecanismo fallido hay que buscar una explicación. Los institucionales son duros de roer, pero el Ejecutivo viene fuerte. Están las concesiones de indultos contra toda lógica jurídica; o el derecho sigue a la razón o no es derecho. Está la explotación de puntos débiles, como el modo en que se forma el CGPJ, flaqueza más achacable a una vieja interpretación del Tribunal Constitucional que a la propia Constitución, cuya lectura de buena fe no permite colegir lo que se coligió.
Pero lo hecho, hecho está. Con los años, le tocaría al propio órgano encargado de la interpretación máxima y última de la Constitución sufrir en sus carnes mayores presiones. Una fatalidad que ha llevado como ha podido, entre la relativa resistencia a campañas mediáticas -como aquel editorial único de la singular prensa nacionalista catalana- y unas dilaciones que equivalen a pronunciarse cuando lo inconstitucional ya se ha perpetrado y ha producido sus efectos. La justicia lenta no es justicia, adagio que se aplica al TC aunque no se encuadre en el Poder Judicial.
Por fin, está el periódico bochorno de encontrarnos en las infografías cada uno de los nombres que componen órganos e instituciones cruciales acompañados de un logo partidario. Son instancias que tienen la última palabra en graves asuntos. Pero en el sanchismo la última palabra es la del partido (o partidos) de un Gobierno que se ha enseñoreado de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado; que se refiere al Tribunal de Cuentas como un contratiempo a sortear; que colocó ilegalmente a una sectaria de libro al frente de RTVE; que no ve llegado el día de colocar a una mayoría complaciente en el CGPJ y en el TC. Hasta en la CNMV se cuelan los conflictos de intereses de forma abierta y pública, sin que nadie levante la ceja. Hay otros mecanismos que fallan fuera de los órganos del Estado: las élites intelectuales y empresariales, y hasta la Iglesia. Pronto veremos por qué.