José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
El peor revés es que España es el país con más fallecidos por cada 100.000 habitantes (29,3) y el debate más terrible y delicado consiste en la determinación del número de muertos por el virus
El Congreso autoriza este jueves la segunda prórroga del estado de alarma (debe hacerlo cada 15 días si el Gobierno decide mantenerlo) cuando la pandemia parece haber entrado en una objetiva desescalada tras la primera fase de confinamiento y la reforzada después con la hibernación de los sectores no esenciales de la economía nacional. Sin embargo —y es este el primer revés y el más dramático—, España es el país con más fallecidos por habitante: 29,3 por cada 100.000 habitantes, claramente por encima de Italia, con 27,3.
Hoy, por desgracia, es muy posible que se supere la cifra de 15.000 defunciones por el Covid-19 y se mantenga el agrio debate sobre el número real de muertos. Llevemos cuidado con esta discusión que provoca una emocionalidad extraordinaria y manejemos con cautela la atribución de responsabilidades, si es que las hubiere. De por medio, la tragedia hasta ahora silente en las residencias de ancianos no medicalizadas, con un registro de mortalidad escalofriante, amenaza con un estallido de indignación popular.
La llamada concertación que ha evocado los Pactos de la Moncloa de 1977 ha nacido muerta —tercer gran revés de la crisis— por varias razones. La primera y fundamental, porque el Gobierno la ha planteado con una mínima convicción; también porque su socio de coalición no la desea ante la posibilidad de que un amplio mecanismo de pactos desactive el entendimiento entre el PSOE y UP, como han reconocido voces próximas a los populistas (Juan Carlos Monedero ha arremetido contra los acuerdos de hace 43 años, que él denomina “pactos de silencio”, y Javier Pérez Royo ha argumentado contra su reactualización suponiendo que implicarían el final del pacto entre socialistas y morados), mientras que el PP la considera un “señuelo” y Vox, directamente, se ha desmarcado de cualquier eventual negociación.
La crisis —cuarto revés— ha dañado la institucionalización política de nuestro sistema. Aunque el Gobierno ha rectificado, lleva demasiadas semanas sin someterse a sesiones de control en el Congreso (al igual que los ejecutivos autonómicos, tanto populares como socialistas), en una actitud que presenta los mismos síntomas de déficit democrático que el control —también rectificado— por la Secretaría de Estado de Comunicación de las preguntas de los periodistas a los portavoces oficiales en las ruedas de prensa. Corregir errores es inteligente, pero estos yerros dejan el regusto amargo de un poder ejecutivo invasivo y prepotente.
Por fin —quinto revés—, y cómo quedará acreditado en el Congreso, Pedro Sánchez se sostiene en una mayoría parlamentaria frágil y hostil al sistema constitucional. La disposición política de los independentistas catalanes respecto del Gobierno no puede ser más desdeñosa. Por su parte, los nacionalistas del PNV dicen no percibir el trato que merecería su colaboración con el Ejecutivo. La mayoría parlamentaria de la investidura está fisurada quizá de manera irreversible y no sirve para la próxima fase de reconstrucción social y económica, que exigirá una visión panorámica del conjunto de España.
Las insuficiencias e incapacidades de las administraciones públicas desveladas a lo largo de esta crisis —a la que le queda mucho recorrido— obligan a una reformulación de las prioridades. Cuando superemos esta tragedia y hayamos absorbido todos los reveses que nos reserva y aprendido todas las lecciones que nos imparte, será el momento de someter al Estado autonómico a una auditoría de eficiencia en todas sus variables. Una evaluación que ya no será una cuestión de gabinete, sino que tomará la forma de un gran debate nacional.
Entre otras razones, y según las últimas encuestas de Metroscopia, porque la mitad de los españoles siente ya dañada su economía personal e igual porcentaje muestra su insatisfacción por el manejo gubernamental de esta pandemia. La auscultación demoscópica de la sociedad española ofrecerá en las próximas semanas porcentajes crecientes de insatisfacción y desaprobación generalizados con la clase dirigente. Y requerirá una respuesta de gran envergadura. De una ahora inimaginable dimensión cuya exigencia está cuajando en este silencioso y resignado confinamiento. Un tiempo quieto pero que debería ser inquietante para los que manejan el poder. Sea este cual fuere, incluido el mediático.