Existen dos vertientes que se han confabulado en el desarrollo del caso de los supuestos entrenamientos de miembros de las FARC y ETA en territorio venezolano. Por un lado, la justicia española ha intentado convertir en un grupo de presión al Ejecutivo español, a fin de intentar promover elementos de conflictividad que perturben las relaciones con el Gobierno de Venezuela…
Continúan las controversias entre los gobiernos de Caracas y Madrid en el caso de los etarras que presuntamente recibieron adiestramiento en territorio venezolano, en esta oportunidad España solicitará a Venezuela que juzgue o extradite a Arturo Cubillas, quien es señalado de dar adiestramiento presuntamente a miembros separatistas vascos pertenecientes al grupo terrorista ETA.
Ante el escenario, el Ejecutivo Nacional anunció que Cubillas será investigado, pero no extraditado, ya que posee la nacionalización venezolana. En ese sentido, las autoridades españolas señalaron que «no es un obstáculo para la concesión de la extradición’’. La Fiscalía admitió que Venezuela no está obligada a extraditar a sus ciudadanos a España, pero subrayó que sí debe «cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales’’ en virtud del tratado bilateral entre ambos países.
A la par, el Jefe de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, dejó en claro que el Estado venezolano y el Gobierno del Presidente Hugo Chávez «nunca y jamás han tenido relación, de ningún tipo, con esta organización terrorista de origen vasco llamada ETA».
Cabe destacar, que hace unos días Arturo Cubillas, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, que averigüen ante las imputaciones que le han hecho, sin embargo está a la espera que “investigue si las supuestas declaraciones dadas por los vascos son ciertas y si es verdad que fueron obligados a declarar bajo tortura. Hoy a más de una semana, pareciera que dos de esas preguntas ya tienen respuesta según lo que ha manifestado el abogado de los dos ciudadanos vascos: Les obligaron a aprenderse de memoria una declaración en la que decían que habían estado en Venezuela entrenando y fueron torturados para que lo hicieran”, expresó Cubillas.
Para Marino Alvarado, abogado defensor de Arturo Cubillas, hay antecedentes del Gobierno español que lo hacen ver como «poco serio» a la hora de solicitar la extradición de algún ciudadano acusado de supuestos actos terroristas. «En varias oportunidades el Gobierno de España ha solicitado la extradición de varios vascos y no ha entregado la documentación en el plazo de 40 días que establece el tratado de extradición Venezuela- España».
Además, «ha habido un manejo irresponsable del Gobierno de España que tienen que reconocer y el Tribunal Supremo de Justicia en esos casos ha hecho lo que manda el tratado de extradición que es no seguir con el procedimiento porque no hay cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Gobierno español que es entregar las pruebas para poder abrir un proceso”.
La confabulación
Existen dos vertientes que se han confabulado en el desarrollo del caso de los supuestos entrenamientos de miembros de las FARC y ETA en territorio venezolano. Por un lado, la justicia española ha intentado convertir en un grupo de presión al Ejecutivo español, a fin de intentar promover elementos de conflictividad que perturben las relaciones con el Gobierno de Venezuela, aunado a ello los medios de comunicación social de la derecha han reforzado una campaña mediática, destinada a proyectar internacionalmente supuestos vínculos y el apoyo del Gobierno venezolano a grupos irregulares. Ambos escenarios se complementan: uno intenta otorgar legalidad y la otra credibilidad a los supuestos que se argumentan en el caso, hay que recordar que una pequeña mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad.
Al remontarse a la génesis del caso, hay que tener presente que las acusaciones contra el Gobierno venezolano se basan en supuestos documentos extraídos de las cuestionadas computadoras del fallecido guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, de las que se perdió la cadena de custodia y con las que han tratado de justificar lo injustificable, lo que conlleva a que no existan elementos verdaderos que den fe de la supuesta vinculación entre el Gobierno venezolano con grupos irregulares.
En tal sentido, los medios de comunicación han centrado sus acusaciones y estigmatizado en Arturo Cubillas Fontán, refugiado vasco que se encuentra en Venezuela desde el año 1989, año en que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Felipe González acordaron la entrada en el país suramericano a un grupo de refugiados, a fin de pacificar al país europeo. Ese acuerdo por el que está Cubillas en Venezuela no ha sido cuestionado sino polemizada su presencia en el país, incluso su vida personal, como si éste hubiese entrado al país ilegalmente y peor aún si hubiese obtenido la nacionalidad venezolana por esa vía.
La particularidad del caso es que sobre el acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y Felipe González nada se dice, tendenciosamente se responsabiliza al Presidente Chávez de otorgarle la nacionalidad al “etarra” Cubillas, cuando hay un cuerpo de leyes, donde una vez cumplidos una serie de requisitos, los ciudadanos (as) extranjeros (as) pueden adquirir la nacionalidad venezolana y no es EL PRESIDENTE, quien la otorga.
Evidentemente el tema se ha convertido en un asunto político usando como blanco a Cubillas para atacar al Jefe de Estado. La matriz es muy fácil “si Chávez no lo entrega, es porque lo protege…”. Los sectores interesados en manipular la situación jamás dirán las cosas realmente, pues para ellos las leyes se hicieron para violarlas y modificarlas a su conveniencia. Cubillas se encuentra en Venezuela por un acuerdo entre dos gobierno -en el caso venezolano de la Cuarta República- y nacionalizado por ley. El asunto no es que Chávez, quiera entregarlo o no, no es una decisión personal, no se trata de un objeto es un ciudadano venezolano a quien la ley ampara y la legislación venezolana es clara al indicar que no se podrá extraditar a un nacional.
En definitiva, Arturo Cubillas está siendo utilizado para tratar de afectar al Presidente venezolano y relacionarlo con espejismos.
(Lucía Berceo es licenciada en comunicación social, analista político e internacionalista en Venezuela y colaboradora para este medio de comunicación)
Lucía Berceo, Diario Colatino.com (El Salvador), 22/10/2010