Si bien su tramitación se inició en el periodo de sesiones ahora finalizado, va a seguir su curso en el Congreso en cuanto este reanude su actividad tras el paréntesis vacacional. No deja de ser significativo que en torno a esta peculiar iniciativa hayan tenido lugar agudas polémicas. Puede afirmarse que esta cuestión, relativa a la verificación de la confianza parlamentaria del Gobierno, va a constituir el nexo político de unión entre 2024 y 2025.

Varios son los problemas que se plantean en torno a este asunto, tanto por la forma y los términos en que está planteado como por los efectos que pueda tener. El primero, que más que una cuestión de confianza, tal y como esta es contemplada en nuestra Constitución (y en las de los países de nuestro entorno), habría que hablar de una cuestión de desconfianza, planteada no para obtener la confianza del Parlamento, como es la función de esta figura parlamentaria, aquí y en todas partes, sino para escenificar el cuestionamiento de la confianza con la que el Gobierno ha de contar para poder seguir ejerciendo sus funciones. Lo que revela una concepción un tanto peculiar de este mecanismo clave para el buen funcionamiento del sistema parlamentario.

Por otra parte, el hecho de que la cuestión sea planteada por iniciativa de una formación política, Junts, que, en principio, forma parte del conjunto de fuerzas parlamentarias que prestan su respaldo al Gobierno, independientemente de cuáles sean los motivos para ello, no deja de ser un comportamiento anómalo en la utilización de este instrumento parlamentario. Anomalía que se ve acrecentada por la forma en que está planteada la cuestión de (des)confianza, en la que se invierten los papeles entre la Cámara parlamentaria y el Ejecutivo. No concuerda con la forma en la que se regula esta figura, no solo en nuestra Constitución sino también en todas las demás, el que sea el Parlamento el que tome la iniciativa para instar al Gobierno a que solicite al propio Legislativo la confianza, máxime cuando esta es cuestionada en la propia iniciativa del grupo solicitante. Es todo ello un sinsentido que atenta contra la lógica constitucional y el más elemental sentido común.

No es de extrañar que ante esta insólita iniciativa los servicios jurídicos del Congreso constaten la inexistencia de precedente alguno de PNL en la que las Cámaras insten al Gobierno a plantear una cuestión de confianza, por lo que dejan en manos de la Mesa de la Cámara fijar los criterios al respecto. Y que adviertan de que «el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo». O, dicho de otro modo, que no es más que una forma de perder el tiempo.

De todas maneras, el hecho de que carezca de impacto jurídico en la relación de confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, como se indica en el informe de los letrados del Congreso, no quiere decir que sea inocua políticamente, ya que contribuye a aumentar, más aún, el barullo institucional de la legislatura en curso; y a proporcionar mayor protagonismo a quienes engrosan las corrientes que alimentan el descrédito de la política y sustituyen la crítica a las decisiones concretas por la condena indiscriminada y genérica a ‘los políticos’, una peligrosa tendencia que no deja de ganar posiciones en los últimos tiempos.

No es posible impedir que el próximo periodo de sesiones en el Congreso se inicie con la discusión en torno a este tema, lo que no deja de ser indicativo de la anomalía institucional en que se desenvuelve la legislatura. Sí cabría esperar que los asuntos a tratar en este periodo puedan ser de mayor utilidad para afrontar las cuestiones que preocupan a la gente. Entre otras, las medidas a adoptar en relación con las condiciones materiales de vida de una amplia mayoría de la ciudadanía, que bien podrían ser objeto de iniciativas parlamentarias menos insólitas y más fructíferas que las que originan estas líneas.