Leído así, sin entrar en detalles y sin detenerse en matices, la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para que las empresas justifiquen las bajadas permanentes en los sueldos tiene bastante sentido. Toda modificación sustancial de las condiciones salariales y, por qué no, las del desempeño global del trabajo, debería ser razonada y responder a alteraciones previas del mercado. No veo problema con la enunciación del principio garantista, pero la filosofía que sustenta todas las propuestas del ministerio va dirigida siempre a satisfacer deseos, convirtiéndolos de manera inmediata en derechos inalienables y en desconocer que en el mundo real todo, absolutamente todo, cambia de manera constante.

De lo que se trata, o mejor, de lo que debería tratarse, es de permitir a las empresas el necesario espacio de libertad para que puedan acomodarse a los vaivenes permanentes de la coyuntura, garantizando, claro está, la inexistencia de abusos por parte de las compañías. Lo primero es un principio imprescindible para asegurar la supervivencia del tejido empresarial. Lo segundo es una deriva lógica y ajustada a derecho. Pero, a pesar de su carácter amable y de su encomiable tendencia al acuerdo, el Ministerio de Trabajo está dirigido por una indisimulada comunista. Una realidad que cuando se recuerda, y no entiendo por qué razón, parece molestar a todo el mundo menos a la propia interesada, que lo recuerda con frecuencia. Quizás sea por eso que este Gobierno acostumbre a mirar con recelo al sector privado y que esté siempre presto a erosionar su libertad y remiso a promocionar su actividad.

El Ejecutivo intenta reformar la reforma laboral que hizo el PP -cuyo éxito demuestran las estadísticas- para dirigirla hacia una recuperación del poder que tuvieron los sindicatos y no hacia la creación de empleo, que es nuestra primera prioridad. El problema al que se enfrenta Yolanda Díaz es encontrar la manera de conjugar las promesas realizadas a sindicatos y a los partidos que sustentan al Gobierno con las necesidades de las empresas y las exigencias de la UE, que siempre ve con recelo las veleidades contrarias a la libertad.

La CEOE pactó la reciente reforma de las pensiones a sabiendas de que era manifiestamente insuficiente, pero siendo consciente de que carecía de coste directo e inmediato apreciable para las empresas. Aquí no será igual, porque la implicación es total y las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso, si el Gobierno pretende cerrar este capítulo con su acuerdo deberá realizar modificaciones sustanciales en sus posturas actuales. Ese es el reto de Yolanda Díaz para mantener su historial de acuerdos.