Nadie desde las instituciones se había atrevido hasta ahora a deslegitimar el Parlamento Nacional, pero Ibarreche lo hizo. Desde una argumentación que raya en el delirio y que contó con el macabro estrambote de la amenaza implícita al recurso a la violencia. En estas circunstancias, no hay nada que negociar con él.
Preocupa, cuando no asusta, la absoluta manipulación del concepto de soberanía popular que manejó ayer el presidente autonómico vasco, Juan José Ibarreche, en su comparecencia ante los medios de comunicación, no sólo porque refleja una concepción etnicista, y por lo tanto excluyente, de la legitimidad política, sino por la inaceptable contraposición de dos sujetos soberanos, el pueblo español y el pueblo vasco, que, desde todos los puntos de vista, forman un solo cuerpo doctrinal.
Si la demagogia y la manipulación fueran parte de las bellas artes, el lendakari habría marcado sin duda el canon de la perfección. Es difícil igualar una falacia como la que expuso, sin mover un músculo, el máximo representante del Estado en el País Vasco cuando redujo la representación de la inmensa mayoría del pueblo español, expresada libremente en las urnas, a un fantasmagórico escenario del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por el PSOE y el Partido Popular.
Nadie desde las instituciones se había atrevido hasta ahora a deslegitimar el Parlamento Nacional, pero Ibarreche lo hizo. Y lo hizo desde una argumentación que raya en el delirio y que, además, contó con el macabro estrambote de la amenaza implícita al recurso a la violencia; todo ello ante un país que ha sufrido como pocos la tragedia del terror.
La soberanía nacional, como establece nuestra Carta Magna en su artículo 1, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No cabe, pues, la falaz reivindicación de un «ámbito vasco de decisión», supuesto sujeto de un derecho exclusivo y, por ende, excluyente. Es el conjunto de la nación española, entendida como tal, el que detenta la soberanía y al que corresponde, en su conjunto, y a través del Parlamento, el derecho que se le pretende arrebatar.
Indigna, pues, que a la ruptura unilateral de las reglas del juego que estableció libremente el pueblo español, el lendakari añada el sarcasmo de una apelación al diálogo y a la negociación cuando, al mismo tiempo, niega la legitimidad a quienes de verdad la tienen. Los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas españolas, incluido por supuesto el del País Vasco, forman parte del llamado «Bloque Constitucional» y de él reciben su legitimidad de origen y de ejercicio. Utilizar la Cámara regional vasca y el resto de las instituciones autónomas para vulnerar la propia Constitución de la que dimanan es un acto de clara deslealtad que, por sí solo, debería inhabilitar al que lo ejecuta.
No parece, en estas circunstancias, que haya nada de que hablar, y menos negociar, con el lendakari. Por el contrario, se hace perentorio un gesto claro del presidente del Gobierno que tranquilice a la ciudadanía sobre el futuro de la unidad de España. La aceptación del Pacto de Estado que propone el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sería el mejor principio.
Editorial en LA RAZÓN, 5/1/2005