Nos referimos a Unidas Podemos, una formación de corte republicano instalada en el Ejecutivo, a Bildu y su inquietante ascenso en las últimas elecciones vascas, a la presión que ejercen desde Cataluña las distintas fuerzas independentistas y a la calculada ambigüedad del Gobierno, que en ocasiones da la impresión de pretender sorber y soplar al mismo tiempo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca con premura una vacuna con la que desactivar el escándalo del emérito, pero no tanto para proteger la imagen del rey Felipe, tal y como recoge su argumentario, como para evitar que el virus alcance la Moncloa.

“Celebraremos las medidas futuras” que la Corona pueda adoptar para distanciarse del emérito y cualquier gesto que potencie la “ejemplaridad” de la institución, dice la portavoz María Jesús Montero. Las últimas informaciones periodísticas sobre don Juan Carlos son “inquietantes” y “perturbadoras”, añade el presidente del Gobierno. El Ejecutivo pasa de orillar tan espinoso asunto a pronunciarse sobre el mismo sin eufemismos. Se abre la veda.

Jaime Pérez Renovales, hoy en Banco Santander, fue el demiurgo que ideó la armazón legal para la abdicación de Juan Carlos I. De un planteamiento muy teórico dio solución a un problema eminentemente práctico, como era su decisión de dejar el trono. De su magín salió la Ley Orgánica 4/2014, que dotaba de aforamiento al emérito, siendo el Supremo el encargado de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales contra el mismo.

Como reconocimiento a su labor, el entonces subsecretario de Presidencia fue premiado con la lectura de la ley orgánica que hacía efectiva la abdicación en Felipe VI, durante una solemne ceremonia en el Salón de Columnas del Palacio Real ante los poderes fácticos.

Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien hoy llora el PSOE ‘histórico’ como si no hubiera mañana, es otra de las personalidades a quien don Juan Carlos debería estar agradecido. Rubalcaba formaba parte del consenso. El Gobierno de Mariano Rajoy apeló a su sentido de Estado para ganarse a un PSOE por cuyas venas corre sangre republicana. A pesar de situarse en las antípodas ideológicas, llegaron a un acuerdo para una sucesión tranquila que no hiciera crujir las cuadernas de nuestro cada vez más endeble modelo constitucional.

“La Constitución nos mandata para hacer esta ley y, a mi juicio, no cabe otra posibilidad que votarla afirmativamente si la voluntad libre del Rey de abdicar está correctamente acreditada”, pronunció el líder socialista en el debate sobre la ley orgánica, en un discurso cuyo objeto era más convencer a los suyos que ensalzar la Corona. “Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideramos compatibles con ella”.

Rubalcaba logró que el grupo parlamentario socialista diera su ‘nihil obstat’ a la abdicación. Lo que no consiguió, sin embargo, fue que el PSOE votara a favor de la reforma legal que instituía el aforamiento de don Juan Carlos. “Lo teníamos acordado con Alfredo, pero no aguantó el tirón final. Tuvo muchas presiones y al final se abstuvieron”, rememora un antiguo ministro del Gobierno de Rajoy. Antes de votarse en pleno la reforma, Rubalcaba anunció que dejaba la política y volvía a sus clases de Química.

La anécdota sirve para poner en perspectiva el posicionamiento de los socialistas de seis años a esta parte. Si el PSOE de Rubalcaba, acaso heredero del de Felipe González y con una altura hoy ausente en la política nacional, no consiguió el apoyo de sus diputados para el aforamiento de Juan Carlos I, ¿qué puede ocurrir en el PSOE de Pedro Sánchez, aparentemente aturdido por las informaciones sobre el opaco patrimonio del emérito, con Pablo Iglesias sentado a la mesa del Consejo de Ministros y necesitado de los votos de ERC para sacar adelante los Presupuestos? ¿Por qué esas declaraciones conminando al rey Felipe a que se pronuncie sobre su padre?

Aunque ahora ha pasado la pelota de la responsabilidad al campo de la Casa Real, lo cierto es que la Moncloa lleva días extendiendo la especie de que hay que tomar medidas en torno a don Juan Carlos, más allá de la retirada de la asignación presupuestaria o la prohibición de aparecer en cualquier acto público en representación de la Corona.

Se especula con la posibilidad de que Felipe VI inste a su padre a marcharse de la Zarzuela o abandonar el país, dos decisiones que corresponden al ámbito privado, no requieren de instrumentación jurídica y toman vuelo tras las declaraciones de este martes de Montero. Otra posibilidad, tal y como señalaba José Antonio Zarzalejos, es la derogación por el Consejo de Ministros del real decreto de 13 de junio de 2014 que habilitaba a Juan Carlos I a mantener el título de Rey con el tratamiento de Majestad de forma vitalicia.

Sea como fuere, la cuestión no es solo qué medidas tomar sino cuándo tomarlas. Si se hace demasiado pronto, como demanda el Ejecutivo, la Corona puede caer en el error de quedarse corta si salta otro escándalo y salen nuevas informaciones, nada descabellado a la vista de los acontecimientos. En tal caso, ya no habrá más diques de contención. No los habrá para el emérito ni tampoco para don Felipe ni doña Letizia. Será entonces cuando el alma republicana del PSOE, en mímesis con sus socios de gobierno, resucite en todo su esplendor.