El presidente del la CEOE ha sido muy oportuno al advertir que los «presupuestos solo valen para un año, no para toda la legislatura». Y también al añadir que «Europa nos va a pedir el 3% de déficit. Y los presupuestos de 2021 no valen para 2022». Tiene razón Antonio Garamendi. Además de por la racionalidad de tener unas cuentas públicas adaptadas a la realidad macroeconómica de cada ejercicio, porque la Constitución exige en su artículo 134.3 que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». De tal manera que tanto se incumple la Carta Magna si no se renuevan determinados órganos (Consejo General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional) como si se pretende «tirar» toda la legislatura con una sola ley de cuentas públicas.

A Pedro Sánchez le quedan, en consecuencia, dos rondas presupuestarias más, como le augura el presidente de la gran patronal, como le impone la Constitución y como le exigirá la Unión Europea. De ahí que al presidente del Gobierno le convenga ir cerrándose frentes. Porque, hoy por hoy, los tiene todos abiertos. Dejando al margen el bloqueo de sus relaciones con la oposición, su Gobierno de coalición/yuxtaposición exhibe hasta en los pasillos del Congreso sus evidentes discrepancias en temas de carácter social, que implican delicadas decisiones. La más importante: la distribución de los fondos europeos.

El Gobierno tiene que determinar, además, si sube el salario mínimo profesional (SMI) o lo deja como está. No será fácil congelarlo este año porque cometió previamente la temeridad de incrementar el sueldo a los funcionarios públicos y las pensiones, cuando lo que tocaba era «no dejar nadie atrás» y apretarse el cinturón aquellos colectivos que tienen asegurados sus ingresos: jubilados, por una parte; y, por otra, empleados públicos. Ahora, aunque sea por coherencia, es difícil explicar que el SMI no aumentará. Por otra parte, las propuestas de José Luis Escrivá para avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones —alargar los años de cotización— son razonables y, aunque quizás maximalistas, debieran debatirse sin los apriorismos con los que se ha recibido el planteamiento del ministro de Inclusión y Seguridad Social.

Desde Bruselas nos van a pedir que garanticemos que la financiación de las pensiones será soportable en un futuro no demasiado lejano y que adecuemos la normativa laboral en un sentido bien distinto al pactado de extranjis entre PSOE, UP y EH Bildu a propósito del apoyo de los abertzales radicales a una prórroga del estado de alarma en el que, por cierto, seguimos hasta el 9 de mayo. En esas fechas habrán desembalsado ya los ERTE —¿cuántos miles de parados se contabilizarán?— y estarán venciendo los créditos ICO, muchos de los cuales no podrán ser devueltos y requerirán refinanciaciones y moratorias.

En mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero anunció desde la tribuna del Congreso el mayor recorte social de los habidos en España: congeló las pensiones y bajó los sueldos públicos; y en agosto propuso, con el apoyo de la oposición, la reforma del artículo 135 de la Constitución introduciendo la llamada «regla de gasto», que consistió en establecer al máximo rango la estabilidad presupuestaria y la preferencia del pago de la deuda, ambas imposiciones de Bruselas en su peor versión «austericida».

No conviene olvidar que la nuestra es la economía que más está padeciendo por el efecto de la pandemia según la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y los pronósticos de nuestro Banco Central que, a través de su gobernador, Hernández Cos, no deja de hacer advertencias que debieran ser atendidas por el Ejecutivo. Pedro Sánchez debe cuidarse de que la situación que vivió Zapatero no se repita y no tenga que meter la tijera después de algunas decisiones que no son comprensibles en el contexto de la actual crisis.

No solo eso. El presidente del Gobierno, además de sofocar el sabotaje de su socio en el Consejo de Ministros, debe cerrar frentes de fricción. No tiene sentido que entre el Poder Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial se esté produciendo una batalla verdaderamente escandalosa. Cuidado, porque la Unión está sensibilizada sobre la escrupulosidad entre los gobiernos y los tribunales. Tampoco parece demasiado sensato un calendario legislativo en cuyo desarrollo se percibe el propósito de seguir polarizando el Congreso de los Diputados. Y, por fin, el diálogo social consiste en mantener una relación con las centrales sindicales y las patronales que pretenda el entendimiento. No es una hipótesis inverosímil suponer que se estarían dando algunas de las condiciones que llevaron a UGT y CCOO a la convocatoria de huelgas generales.

Por fin, la sociedad española está traumatizada por los efectos de la pandemia. Miles de muertos, decenas de miles de infectados severamente por el coronavirus, el personal sanitario exhausto, la gente con fatiga emocional y con incertidumbres materiales angustiosas. No, la legislatura no está asegurada con los presupuestos de 2021. En absoluto. Lo estará si Pedro Sánchez tapona brechas que, abiertas, pueden provocar un colapso político, social y económico al país.