Ignacio Camacho-ABC
- Sánchez concibe el poder como una carta blanca para hacer trampas. Su presunta cintura política no es más que falta de decencia democrática
Hay que tener un poco de alma de cántaro para extrañarse de que Sánchez vaya a cerrar el que probablemente sea su último mandato con un fraude. La trampa le acompaña desde que era estudiante; la hizo en el doctorado con un plagio sonrojante, la continuó en el partido con dos intentos de pucherazo y al llegar al Gobierno la convirtió en un método invariable. Ha incumplido promesas de toda clase, ha retorcido leyes y reglas, ha sorteado al Congreso cuando le ponía dificultades y ha desactivado los controles constitucionales a base de colocar pretorianos en los puestos clave. El tongo va en su ser, en su carácter. Cómo puede sorprender a nadie que se despida –por ahora– colando por la puerta de atrás el decreto que la mayoría parlamentaria acaba de tumbarle.
Si acaso podría llamar la atención que aún queden instituciones, como la Justicia, capaces de resistirse a sus artimañas. Este hombre ha demostrado de sobra que no sabe jugar sin cartas marcadas. Su sobrevalorada habilidad táctica proviene de una insólita falta de escrúpulos para procurarse posiciones de ventaja. Concibe el poder como una suerte de carta blanca para hacer lo que le dé la gana utilizando las marrullerías que le parezcan necesarias. Si Suárez era, según Guerra, un tahúr del Misisipi, Pedro es un vulgar trilero de barraca. No es que haya descubierto las grietas del sistema; sólo es el único que se ha atrevido a explotar esas fallas que sus antecesores soslayaban por un elemental concepto de la decencia democrática.
Convalidar en la Permanente del Congreso el decreto rechazado por el Pleno es un fraude de ley tan grande y visible como la catedral de Toledo. Un sucio truco leguleyo que aprovecha el recoveco de la proporcionalidad reducida de un organismo provisional para burlar el espíritu del reglamento. Ganar la eliminatoria en un partido de vuelta con alineación indebida y árbitro casero. Lo ha hecho siempre: cuando organizó una votación dolosa contra sus propios compañeros, cuando presenta proyectos legislativos como iniciativas de partido para eludir los dictámenes de precepto, cuando incumple la obligación de presentar presupuestos, cuando usa una instrucción ministerial para alterar el censo con una interpretación torticera de la ‘ley de nietos’. Es su marca de agua, su impronta, su sello. El de un fullero de colegio.
Y habrá más de aquí al 29-N. Todas las martingalas que pueda. Bordeando el ordenamiento por dentro o por fuera. Va a ser el primer presidente desde la Transición que no sufra una huelga, y también el primero que la convoca –contra la oposición– a través de sus sindicatos de cabecera. Y lo que se le ocurra a esa factoría de enredos que diseña sus maniobras estratégicas. El problema es que con esa adulteración perpetua, con esa idiosincrasia fraudulenta, ha conseguido que la gente dude de un procedimiento electoral que hasta hoy era reconocido por su impecable limpieza. Se vaya o se quede ésa será ya su peor herencia: la de poner la base misma del régimen democrático bajo sospecha.