Es evidente que los acuerdos entre Zapatero y Rajoy sobre terrorismo no significan lo mismo en esta legislatura que en la anterior. El Gobierno ha dejado de perseverar en el error y las críticas de la legislatura pasada quedaron atrás el 9 de marzo. La única garantía de Rajoy es que a Zapatero no le interesa volver a meterse en manglares tan frondosos.
Las dos novedades de la cumbre fueron de naturaleza protocolaria. A diferencia de la visita anterior, Rajoy fue recibido con honores de presidente autonómico; Zapatero bajó la media docena de peldaños para recibir a su invitado junto a la portezuela del coche. Como si fuera el presidente de Cantabria o el lehendakari vasco, dicho sea sin ánimo de comparanza entre los dos últimos citados, naturalmente. Cada vez que Revilla acude a La Moncloa con su taxi, lleva a su anfitrión un surtido de anchoas en salazón y sobaos pasiegos, mientras Ibarretxe va sólo a pedir.
La segunda novedad es que en esta ocasión se ha librado del torniscón que le propinaba la señora Danvers de La Moncloa a su salida, uno de esos pellizcos retorcidos que eran la especialidad de la vicepresidenta primera en sus visitas anteriores a Manderley.
Por lo demás, hubo buen rollito. El presidente no estaba dispuesto a pactar nada sobre el asunto que más preocupa a los españoles y que para él aún no tiene nombre. Rajoy le llevó su recetario, pero quedaría algo raro que un Gobierno confesara tan clamorosamente que los planes de la oposición son mejor que los suyos. Por otra parte, tal como diría míster Chance en el lugar de Zapatero, «siempre que llueve, escampa».
Hay acuerdo en la Justicia, y aunque el paso es relevante viniendo de donde venimos no parece que vaya a aumentar en nada la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. Llenarán las vacantes del Consejo y del Tribunal Constitucional con jueces de su confianza y la correlación de fuerzas impone que los jueces progresistas aventajen en número a los conservadores, según la lógica prevista en la Ley del Poder Judicial de 1985. Ay, Montesquieu.
En el capítulo antiterrorista, lo que exige el decoro: apoyo a las víctimas, confianza en el Estado de Derecho, cooperación internacional y decisión de que ETA no cobre ningún precio político por el fin del terrorismo. Si repasamos la hemeroteca entre el 22 de marzo de 2006 y el 5 de junio de 2007, fechas de comienzo y fin de la tregua etarra, comprobaremos que estos puntos eran las premisas que orientaban la acción del Gobierno, según sus más cualificados portavoces. La confianza en el Estado de Derecho era tal que se llegó a adoptar alguna decisión, como la prisión atenuada y los paseos donostiarras de Iñaki de Juana «por razones legales». También por causas humanitarias, que lo uno no quita lo otro. Poco cabe decir sobre la cooperación internacional. La única explicación que ha dado el presidente sobre las reuniones celebradas por enviados suyos con ETA después del atentado de la T-4, fue que «hubo instancias internacionales de distinta naturaleza y distintos países que intentaron que no se produjera la ruptura del alto el fuego». Eso por no hablar del Pleno que los socialistas españoles convocaron en el Parlamento Europeo el 25 de octubre de 2006 para tratar el asunto. Recordemos, en fin, que uno de los quiasmos vertebrales del pensamiento de Zapatero y viga maestra del proceso de paz fue: «La paz no tiene precio político, pero la política puede ayudar a conseguir la paz».
Es evidente, sin embargo, que los puntos del acuerdo sobre el terrorismo no significan lo mismo en esta legislatura que en la anterior. El Gobierno ha dejado de perseverar en el error y las críticas de la legislatura pasada quedaron atrás el 9 de Marzo. La única garantía de Rajoy es que a Zapatero no le interesa volver a meterse en manglares tan frondosos. Y tampoco tiene tiempo entre la tarea de hacer frente a las consecuencias de la innombrable y la de sostener el gasto social hasta el último canto de la cigarra.
Santiago González, EL MUNDO, 25/7/2008