Aparentemente, el Gobierno ha salido escaldado después del primer round de la negociación acerca del cupo catalán, dentro del cual se envuelve un complejo y poco definido sistema de financiación para Cataluña. El hecho cierto es que lo acordado esta semana no ha convencido a ERC, que lo tildó de «insuficiente» –sorprendentemente, pues fue uno de los firmantes del papel–, y menos aún a Junts, que aspira a la «plena soberanía fiscal» dentro de un «nuevo modelo de financiación, singular y plural». En estas circunstancias, no parece que la viabilidad parlamentaria de las leyes que habrá que promulgar o reformar, esté asegurada. Pero no nos engañemos, pues al fin y al cabo estos no son sino los prolegómenos de una operación de gran calado cuyo objetivo es darle una vuelta completa a la organización financiera del Estado autonómico para convertirlo en una extraña confederación que separe a Cataluña –ya veremos si también al País Vasco– del actual sistema común. Y para ello ha sido necesario introducir en el horizonte conceptual de la política española la idea de que esa región es, por arte de birlibirloque, «singular»; o sea, única y diferente a todas las demás porque, según señala el acuerdo, «ejerce más competencias que el resto» –lo cual es a todas luces falso–. Pero más allá de esto, hay en el acuerdo, metidas con calzador, otras ideas que trastocan radicalmente la teoría y la práctica de la política fiscal. La primera y más importante es la negación del papel redistributivo, personal y territorial, del impuesto sobre la renta, del que pende una parte muy importante de la prestación de los servicios del Estado del Bienestar en el conjunto del territorio nacional –incluyendo, por cierto, al País Vasco y Navarra–. Está también la consideración implícita de que la fragmentación de la Agencia Tributaria es irrelevante tanto para la gestión de los impuestos, como para la represión del fraude fiscal. Y como colofón, la «cláusula anti-Ayuso», limitadora de la autonomía fiscal reconocida en la Constitución y claramente incompatible con los principios de armonización fiscal que se definen en el Concierto vasco y el Convenio navarro con el Estado. Así que parece que Sánchez ha salido ganador en el combate ideológico.