Lo insólito del caso también es que García Ortiz haya decidido, de momento, mantenerse en el cargo, en medio de una lluvia de peticiones de dimisión por parte de la oposición, con especial interés en las filas del PP para desgastar al Gobierno, y de magistrados y fiscales conservadores. Una tormenta que, lejos de amainar, seguirá activa porque habrá que esperar meses para el inicio del juicio, salvo que el fiscal general renuncie o que Pedro Sánchez le deje caer.

Y esas dos últimas opciones no parecen estar en el guion del Ejecutivo ni del propio García Ortiz, animado quizás a aferrarse a la toga por la decisión del instructor, Ángel Hurtado, de no suspenderle cautelarmente de sus funciones y de reconocer que sostiene una acusación de tanta trascencencia como es la revelación de datos confidenciales sin indicios objetivos.

El juicio a García Ortiz se ha anunciado deliberadamente después del acto del Año Judicial del viernes pasado, en un intento por no agravar la esperpéntica imagen de un fiscal general al borde del banquillo, junto a los magistrados del Supremo llamados a investigarle, en una ceremonia presidida por el Rey. El máximo representante de la Fiscalía se ha parapetado en la defensa de su «verdad» con el firme respaldo de Sánchez y del Gobierno, que ayer le renovó toda su «confianza». La maniobra pone en riesgo la imparcialidad y la legalidad que se le suponen al Ministerio Público, aunque finalmente la sentencia fuera exculpatoria para el fiscal. Para cuando llegue ese fallo, sea de la naturaleza que sea, y viendo la intensidad de la bronca política añadida a la filtración, quizá el daño para el prestigio de la institución sea ya irreparable.