Tonia Etxarri-El Correo
Por primera vez en la historia de la democracia, un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo para dar cuenta de un presunto delito de revelación de secretos. Pero el juez instructor, Ángel Hurtado, que también procesa a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Robles, ha ido más allá al resaltar que Álvaro García Ortiz actuó por «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Es decir, que filtró datos privados de un contribuyente, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin su autorización y por razones políticas. Palabras mayores. Una presunta operación de Estado contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un dardo en la línea de flotación del Gobierno socialista que opta por amarrar al fiscal general para asegurarse su silencio.
Despejada la pregunta del millón -¿actuó por iniciativa propia u obedecía órdenes?- por el propio juez, que ya demostró que el acusado borró sus mensajes de wasap y cambió de móvil en cuanto el Alto Tribunal abrió causa contra él, queda esperar que las partes se pronuncien. Álvaro García Ortiz no piensa dimitir. No le queda otra para defender al propio Gobierno, que ayer hizo un cierre de filas inmediato enarbolando la bandera de la presunción de inocencia.
Desde que Pedro Sánchez compareció en Bruselas en diciembre, exigiendo disculpas hacia ‘su’ fiscal general por parte de quienes habían pedido su dimisión sin pruebas (antes de conocerse el borrado de los wasaps), no se ha vuelto a pronunciar. Ayer, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recurrió al mismo comodín para atacar al juez instructor: ha procedido «sin ninguna base probatoria». Y se permitió un juicio paralelo al eximir al fiscal general de cualquier rendición de cuentas porque se trata de «un servidor público ejemplar». Que, traducido al román paladino, quiere decir que es un fiscal tan disciplinado (¿de quién depende la Fiscalía?, que diría Pedro Sánchez) que solo pueden dedicarle los elogios debidos por los servicios prestados. No lo dice un juez, lo dice el ministro, que es una forma muy original de mostrar respeto por la actuación de la Justicia; la verdad. Otro choque entre el Gobierno y los jueces que instruyen causas que pueden perjudicar al entorno del presidente.
El PP cree que se está preparando el caldo de cultivo para el futuro control gubernamental de la justicia con su discurso sobre el ‘lawfare’. ¿Le darán la razón a independentistas como el prófugo Puigdemont, que sostiene que en España no hay Estado de Derecho? El ministro Óscar Puente sostiene que algunos jueces están ejerciendo de oposición real al Gobierno. Acusaciones muy graves. Deberían escandalizar a cualquier demócrata que se precie. Dos de las tres asociaciones de fiscales han lamentado el daño reputacional que causa el empeño de García Ortiz en aferrarse a su cargo. Acusado de un delito tan perjudicial para el desempeño de su papel como servidor público.
Sánchez se mantiene silente. Quién sabe si al final el Constitucional puede evitar el juicio contra el fiscal general amparándose en la vulneración de sus derechos constitucionales. No lo descarten.