ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 11/10/14
· Querido J: Como ya hemos hablado hasta el final de tantas noches, la posibilidad de un pacto entre el Gobierno español y el de la Generalidad tiene la dificultad insalvable de que el Gobierno de Mas no pretende otra cosa que ejercer lo que llama el derecho a decidir y cuya principal característica es que niega al resto de ciudadanos españoles la capacidad de decidir políticamente cuál va a ser el futuro del Estado del que forman parte desde 1978. Antes, durante y después del 9 de noviembre el secesionismo tratará de conseguir la fragmentación del sujeto de soberanía español. No es que sea solo su objetivo; es que es su único objetivo. El Gobierno del Estado lo sabe; de ahí, quizá, esa sensación de parálisis que a veces ofrece. ¿Qué podría ofrecer a los nacionalistas que los hiciera apearse de su arrogado derecho? El Gobierno sabe que la estructura del Estado no soporta el llamado pacto fiscal que formó parte de aquella conversación entre Mas y Rajoy.
Una pantomima, porque los dos comprenden que el privilegio vasco no es trasladable a una comunidad que produce el 19 por ciento del PIB. En cuanto a la singularidad lingüística… ¿Qué más se puede ofrecer a una comunidad en la que los ciudadanos, caso único en el mundo, no pueden educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado? Y aún más: a una comunidad donde sigue vigente una ley que multa al que utilice en determinadas circunstancias de insolencia el idioma común de España. Y en cuanto al nominalismo: ¿qué más se puede añadir a un Estatuto que ya reconoce la realidad nacional de Cataluña?
No hay margen de acuerdo. La vía secesionista solo tiene una posibilidad: constatar el fracaso de su asalto a la ley y trabajar a medio plazo por un cambio de criterio español. El cambio no es imposible, entre otras razones por una asimetría interesante: lo fundamental para los nacionalistas es el ejercicio del derecho a decidir (una cosa es querer la independencia y otra atreverse) pero lo fundamental para la mayoría de españoles es que la integridad territorial se mantenga. Si los nacionalistas pudieran garantizar a una futura mayoría política española que la pregunta a los catalanes daría como resultado el mantenimiento, por algunos años, de Cataluña en España, una parte de la sociedad política daría fácilmente su acuerdo. Lo daría la izquierda venezolana, y podría darlo el Partido Socialista, cuyo peritonítico apéndice catalán ya defiende ahora la consulta; e incluso lo darían algunos buenos miñones del Partido Popular.
Sin embargo, esta solución en ningún caso podría interpretarse como el triunfo de la tercera vía. La fragmentación de la soberanía supondría un cambio radical y revolucionario en la estructura del Estado. Una revolución en el sentido que se espera de nuestro tiempo: es decir, cambios políticos que no impliquen mayor violencia que la del debate. Me parece estupendo que los terceristas defiendan estas ideas. Pero es una estafa intelectual y política que las presenten como la equidistancia pausada y razonable entre dos extremos. El objetivo de los nacionalistas, insisto e insistiré siempre, no es la independencia sino la soberanía. Ese es un extremo; al otro están los partidarios de que el único sujeto político soberano sea el conjunto de los españoles.
La apropiación tercerista presenta otro gravísimo inconveniente. Y es que el tercerista soy yo. Y tú. Lo hemos sido siempre. La Constitución de 1978, que votamos, es la apoteosis del tercerismo. Por un lado estaban los que advertían que la autonomía es cara, que el principio de subsidiariedad es un mito y que la autonomía española no podía pasar de los límites franceses o italianos, es decir, de la autonomía administrativa. Por el otro estaban los que ahora ocupan la centralidad del espacio político catalán: los partidarios de la autodeterminación. Entre unos y otros se ensayó una imaginativa, difícil, pixelada y auténtica tercera vía.
Para entender el esfuerzo de armonía de aquellos terceristas auténticos, enternecedor a veces, basta observar cómo afronta la Constitución los problemas lingüísticos españoles. ¡Con qué dos excesos, insólitos en nuestro mundo! Mientras hace obligatorio para todos los ciudadanos el conocimiento del idioma español, permite que en el sistema público de enseñanza la lengua oficial tenga un tratamiento práctico de lengua extranjera. No es el único ejemplo, naturalmente. Mucho antes de que los socialistas catalanes ¡lo patrocinaran como objetivo político! la Constitución ya había descubierto y puesto en práctica el llamado federalismo asimétrico con los privilegios concedidos al País Vasco y Navarra y la distinción, bien estrambótica, lo confieso, entre regiones y nacionalidades. Estas, y decenas más de contradicciones, parcheos y ambigüedades fueron el resultado estricto de la materialización (ahora lo veo mejor que nunca) de aquella tercera España de Madariaga. Te lo repito: la apoteosis del tercerismo. Es así como España salió del disturbio y de la tentación del enfrentamiento civil.
Toda la actual maniobra secesionista tiene por objetivo la destrucción de ese humilde y fértil camino entre extremos que simboliza la España autonómica, y de cuyos abusos, deslealtades e ineficacias no tiene culpa la Constitución sino los sucesivos gobiernos y el uso perverso que han hecho de la plasticidad autonómica. La destrucción que ahora planea el secesionismo se hace en nombre del delirio y la fantasmagoría, y acotada está. Mucho más inquietante es la maniobra espureamente llamada tercerista, que pretende llevar a España al mismo lugar de ruina democrática pero en el fatuo nombre de la razón y la responsabilidad.
ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 11/10/14