La crisis del poder judicial no mueve un solo voto, aunque tal vez provoque cierta abstención, y es lógico que así sea porque lo único que la mayor parte de los ciudadanos entiende de ella es el visible forcejeo con que los dos grandes partidos intentan aprovechar en su beneficio las grietas del sistema. No es asunto fácil de explicar por la complejidad de sus antecedentes, detalles, causas y consecuencias, un panorama demasiado confuso para encajarlo en la simpleza de las habituales consignas políticas de brocha gruesa. El problema es que por debajo de esa nube la opinión pública ha entrevisto la desoladora certeza de que se trata de un pulso partidista por controlar a los jueces y menoscabar su independencia. Y el estrago institucional es tanto más intenso cuanto más se extiende esa idea.

Así las cosas, ayuda muy poco a disipar la sensación de pasteleo el hecho de que la reunión de los líderes para buscar un acuerdo se haya celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno. En democracia importan mucho las formas y la escenificación de ayer es una doble falta de respeto a la separación de poderes y a la limpieza del procedimiento. Si ya de por sí es cuestionable que la ley atribuya al Congreso la elección de los vocales del Consejo General, la foto de Sánchez y Feijóo ignora ese precepto para convertirse en un monumento a la cooptación como método. La imagen del jefe del Ejecutivo y el de la oposición hablando de la alta magistratura como si negociaran sobre un predio dibuja un modelo imposible de encajar sin rubor en el paradigma europeo. Incluso en la hipótesis de que el trato tenga éxito.

Que probablemente no lo tendrá mientras el presidente sólo contemple los tribunales como un correlato lineal de su mayoría política, una instancia de legitimación mecánica de su heterodoxa gestión –120 decretos, varios de ellos declarados inconstitucionales– gubernamental y legislativa. Su abierta presión sobre la cúpula de la Justicia es propia de un concepto bonapartista del poder, refrendado por cuatro años de ocupación intensiva de cualquier organismo o institución que funcione con un mínimo de autonomía. Los mecanismos de contrapeso, equilibrio o supervisión son para él meras cortapisas al ejercicio de su autoridad genuina.

Y aunque el Partido Popular tenga también su cuota de responsabilidad en el conflicto, entre otras razones porque tuvo oportunidad de cambiar las reglas y no quiso, ahora no puede aceptar ese marco sin incurrir en complicidad con la estrategia sanchista de asalto a las estructuras de Estado. Y eso son palabras mayores que afectan al crédito y a la solidez del régimen democrático. Fue el Gobierno el que agravó el bloqueo del CGPJ con una reforma express para atarle las manos y sin dar marcha atrás no habrá solución plausible al colapso. Aunque, por supuesto, cada cual sea muy libre de llamarse a engaño.