Ciudadanos fue (en realidad aún es, pero con un ser muy poco relevante) un partido con excelentes ideas y enorme torpeza política para llevarlas a efecto. No viene a cuento insistir en la sobrevaloración que de sus dirigentes hizo un sector social cuyo anhelo reformista le llevó a confundir realidades con deseos. Sí es el caso recordar que una de esas propuestas interesantes puede haber encontrado la oportunidad que no tuvo en su momento, y es la de que los magistrados de Audiencias y del Supremo sean elegidos en concurso de méritos. La sugerencia ha partido del presidente provisional del CPGJ, Vicente Guilarte, hombre templado deseoso de hallar soluciones al bloqueo. Es una posición intermedia entre la del PSOE –continuar como hasta ahora– y la del PP –reformar el procedimiento por completo–, y en teoría constituye un buen punto de partida… si existiese verdadera voluntad de consenso. Los vocales del Consejo podrían seguir siendo votados en el Parlamento pero los aspirantes a la alta magistratura pasarían por el filtro de tribunales compuestos por sus propios compañeros.

Es hora de comprobar hasta qué punto los grandes partidos están dispuestos a garantizar la autonomía de la justicia. Con ésta u otra fórmula parecida, el órgano de gobierno de los jueces continuaría saliendo, como establece la ley, de una extracción política, pero su tarea quedaría limitada a decisiones disciplinarias, de orden y administrativas, mientras los componentes de las salas sólo deberían sus puestos a una demostración objetiva de competencia jurídica. La primera reacción, como era de esperar, ha sido de rechazo; los aparatos orgánicos no parecen dispuestos a permitir que el control de una prerrogativa tan golosa se les escape de las manos. Los populares temen que el planteamiento esconda algún gato encerrado y los socialistas aspiran a tomar el poder jurisdiccional por asalto haciendo valer el puro mecanismo mayoritario. Pero sucede que no hay renovación posible sin acuerdo de ambos y eso significa que todas las partes tendrán que ceder en algo. Se llama pacto. Y al menos alguien ha señalado un modelo para salir del atasco.

Hay varias alternativas, todas poco viables. Una, continuar con el ‘impasse’ y seguir acumulando vacantes. Dos, repartirse los cargos según los criterios actuales, que es lo que pretende Sánchez. Tres, reformar la ley, como exige Feijóo, para que el Consejo lo elijan los propios profesionales. Y cuatro, modificarla para que el Congreso imponga por las bravas una correlación aritmética mecánica, lo que tropezaría con las directivas de la Europa comunitaria. La quinta es el paradigma mixto, y tiene la ventaja de despolitizar la cúpula de la carrera, que se supone –¿o no?– que es de lo que se trata salvo que estemos hablando de cooptar las plazas. Si es así, que lo digan por las claras. Porque se están acabando las coartadas.