Después del 41º congreso de Sevilla, cuyos delegados votaron en un 90% a favor de Pedro Sánchez y su ejecutiva de continuidad, la ‘nueva normalidad’ socialista parece autorizarle a designar a todos los cargos internos. Haciendo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sea a la vez secretaria general de los socialistas del País Valenciano desde inmediatamente después del cónclave sevillano. Que la titular de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aspire a hacerse cargo de la organización del partido en Aragón. O que el nombramiento de Óscar López como titular para la Transformación Digital y la Función Pública le situara dos meses después como relevo de Juan Lobato en la Comunidad de Madrid. Y que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se vea en la tesitura de liderar orgánicamente nada menos que a los socialistas andaluces.

Sobre el papel, se trata de una operación sin precedentes que apuntala la presidencia de Sánchez en tanto que nadie en el seno de su formación está en condiciones de discutir una sola decisión del Gobierno. Pero el Ejecutivo pasa a depender tanto de que todo salga milagrosamente bien en el ciclo electoral de 2027, que tenderá a olvidarse de que con más de media docena de ministras y ministros dedicados las veinticuatro horas a la batalla partidista, y un sinfín de investigaciones judiciales atenazando a La Moncloa, los artificios socialistas pueden acabar ardiendo a la vez.