EL MUNDO 13/12/14
CARLOS CUESTA
¿Alguien puede entender que el Institut de Drets Humans de Catalunya reciba subvenciones similares a las de las víctimas del terrorismo por su promoción de los derechos? Pues es así.
Se trata de la última concesión de subvenciones «para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos correspondiente al año 2014». Una convocatoria que se ha saldado con 5.000 euros para la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La misma cantidad que ha sido asignada al Institut de Drets Humans de Catalunya para que desarrolle su trabajo sobre el Derecho humano al agua y al saneamiento como derecho emergente: una aportación a la agenda post 2015. (Elaboración de plataforma y de curso virtual).
Es mi última intención faltar al respeto de ninguna organización con esta comparativa. Al igual que tampoco pretendo faltar en absoluto a otro de los proyectos subvencionados con la misma cuantía –5.000 euros– que será llevado a cabo por la Asociación Cubanos Afrodescendientes Afrocaribeños y Afrohispanos con el objetivo de abordar la Educación en Derechos Humanos para la lucha contra la discriminación contra los afrodescendientes y su visibilización. Cada organización tiene todo el derecho a solicitar subvenciones para los fines que ellos consideren legítimos.
Pero me parece evidente que algo falla en la concepción oficial de las necesidades sociales cuando un proyecto como la defensa de las víctimas del terrorismo acaba recibiendo cuantías así, y cuando las organizaciones de víctimas observan cómo no es tanto por la falta de dinero como por el poder de decisión en el reparto.
Hace más de dos años que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, calificó de «broma macabra» las subvenciones recibidas por la coalición Amaiur en concepto de gastos de seguridad: 7.500 euros. Y fue la misma persona la que recordó en un comunicado su perplejidad al comprobar el recorte de las subvenciones destinadas al funcionamiento de la AVT y al desarrollo de su labor asistencial, un recorte que supuso en su momento dejar de percibir un total de 32.530,28 euros. El programa más afectado fue, de hecho, el dedicado a las prestaciones psicológicas, a las ayudas materiales y a la atención directa a las víctimas.
No se trata sólo de dinero. Se trata de reconocimiento y justicia: lo único que pide un grupo de personas que lo ha dado todo. Especialmente en un momento en el que aquello por lo que lucharon, una España en libertad, se ve desafiado.