En lo relativo al Gobierno central, los acuerdos que el PSOE alcanzó tanto con sus socios como con sus aliados pueden darse, en gran medida, por fallidos. Las desavenencias que se evidencian cada día dentro del propio Gobierno son igual de destructivos que las que de continuo se airean en la variopinta multitud de apoyos externos con que contó para ponerse en pie. Cada vez que se aborda una iniciativa, las encontradas posturas de los aliados a izquierda y derecha, cuando no de los propios socios de Gobierno, obligan a abortarla o posponerla para esa mejor ocasión que nunca llega. Bien se trate de reducir la jornada laboral, bien de reformar la ley de extranjería para hacer obligatoria la solidaridad interterritorial en el reparto de inmigrantes menores no acompañados, bien de la singularidad y la bilateralidad en la financiación de la Generalitat catalana, todo se atasca a causa de los contradictorios intereses que abundan en el zoco de trapicheos y cambalaches que dieron origen al Gobierno. Y nada invita a esperar que se trate de las dificultades coyunturales que abruman a toda coalición, pero que, con empeño y paciencia, acaban superándose. El problema es estructural y apunta a incompatibilidades insuperables.

Por lo que se refiere a las autonomías hasta ayer gobernadas en coalición por PP y Vox, las tiranteces provocadas por su propia rivalidad de origen, así como por desacuerdos de carácter ideológico, habían amenazado sus alianzas ya desde el mismo momento de su constitución. Eran compañeros ocasionales abocados a estorbarse más que a colaborar, hasta el punto de que el choque que se ha producido en el reparto de los menores no acompañados no es sino la peor excusa de conveniencia que Vox ha podido encontrar para justificar ante su electorado una ruptura que venía anunciada en la insostenible naturaleza del acuerdo. No cabe gobernar de la mano de quien es tu principal rival electoral.

Paralizada, pues, la política, la actividad se ha desplazado a la Justicia, que ha heredado el carácter febril y belicoso que de aquélla es propio. Como si quisiera confirmarse el dicho de que cuando duerme el gato, bailan los ratones. Nunca en nuestra historia democrática había recibido el ciudadano tantas y tan variadas lecciones de derecho penal y procesal como en estos últimos años. No se trata además de pleitos comunes propios de la vida civil, sino que las causas que abren portadas de prensa y noticiarios radiofónicos y televisivos tienen que ver con casos de relevante contenido constitucional, cuando no de sucios abusos del poder político. Términos como incoar, procesar, demandar, imputar, recusar, impugnar, recurrir, condenar, absolver o sobreseer, por citar unos pocos de los que no estábamos habituados a usar, raro es el día en que no los oigamos en el bar mientras sorbemos el café. Y no es sólo que la Justicia y su léxico se hayan apropiado del lugar que solía ocupar la política en la conversación pública, sino que los actos de una y otra se han entrelazado hasta tejer un tupido entramado inextricable en que es imposible distinguir cuál corresponde a cada cual. ‘Lawfare’ lo llaman de un lado y politización de la Justicia del otro. Inconveniente confusión, en cualquier caso. Mejor sería, si se quiere evitar males mayores e incurables, que, tras el reposo del verano, nuestros líderes recogieran las cartas de la mesa, volvieran a barajarlas y las repartieran para iniciar de nuevo la partida. Podría sonar la flauta por casualidad. Macron lo hizo y no excluyo que acabe teniendo suerte. Aunque quizá todo lo dicho se deba a que yo esté cansado.