De la democracia suicida

ACOSAR, zarandear, insultar y amenazar a parlamentarios es, según la Audiencia Nacional, uso legítimo de la libertad de expresión. Si además quienes acosan, zarandean, insultan y amenazan a los representantes elegidos del pueblo, lo hacen, «para reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios», entonces la sentencia da a entender que no hay exceso ni abuso posible, dada las intenciones bondadosas. Terribles las conclusiones que podrían sacar algunos. Eran solo veinte los acusados por el violentísimo asedio al parlamento catalán el 15 de junio de 2011. Tampoco era cuestión de meterse en líos con mucha detención. Todos recordarán que se temió por la integridad física de los miembros del parlamento catalán. Sufrieron todo tipo de vejaciones. El presidente de la Generalidad tuvo que acudir en helicóptero. Los jueces han absuelto ahora a todos salvo a uno que pintó una cruz de pintura en la espalda de la diputada Montserrat Tura. A este se le condena a cuatro días de «localización permanente». ¡Pásmense! Pero tranquilos. Se le conmutó de inmediato la pena por el día que estuvo detenido el joven. No merecía menos comprensión este joven que «por defender los derechos sociales en contra de los recortes presupuestarios» se abalanzó sobre una diputada y la marcó en la espalda con pintura.

El juez Grande Marlaska ha emitido un voto particular. No se ha sentido cómodo con esta sentencia. No debe extrañar. Porque realmente es una sentencia de espanto. Que refleja una deriva que solo nos puede llevar al desastre. Es una sentencia impropia de un Estado de Derecho del siglo XXI construido sobre las enseñanzas duras y sangrientas del siglo anterior. Es una sentencia propia de la república de Weimar. De cuando los jueces ya no se atrevían a dictar sentencia alguna contra las bandas nazis y comunistas que se disputaban violentamente la calle. Llega esta sentencia cuando los sindicatos se presentan a presionar abiertamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no aplique la ley a sindicalistas imputados en la violencia permanente de los piquetes mafiosos que no informativos. Y cuando un ministro de Justicia no se abochorna al declarar que hará lo que esté en su mano para que así sea. Tanto echar manos y hacer favores para que veranee Valentín Lasarte y pasee libre Josu Bolinaga, que intervenir como ministro para la impunidad de sindicalistas violentos parecerá una broma. No lo es. Y la sentencia que nos ocupa es una inmensa victoria para la violencia política. Como lo fue Gamonal. Como Can Vies. La Constitución y la unidad de España sufren una agresión sin precedentes. El PSOE tiene una crisis de identidad y «hamletea» en el dilema entre instituciones o revolución callejera. Ha surgido un movimiento totalitario paleocomunista que trae toda la voluntad y decisión para asaltar y destruir la frágil y desprestigiada democracia. En este contexto, con las instituciones resquebrajadas, la reconciliación nacional hecha añicos, el resentimiento social en ebullición, y la demagogia populista en su momento estelar, los jueces vienen a proclamar la impunidad con la violencia callejera. Que es la principal arma de quienes ya han anunciado su intención de destruir nuestro marco constitucional. La impunidad es la peste española. La enfermedad que nos impide reaccionar y nos amenaza con el Estado fallido. La impunidad de los ladrones de cuello blanco, la de los políticos corruptos, la de los golpistas y sediciosos separatistas, la de los terroristas, la de la violencia callejera. Todas son ya un peligro para esta maltratada democracia. Pero la impunidad en la violencia tiene efectos inmediatos. Si las instituciones entregan la calle a la violencia, nuestra democracia se suicida. Y en ello estamos.