La opción del estado de excepción en Ceuta sigue abierta. La pasividad y la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis invasora de la ciudad autónoma no significa que el sistema legal e institucional no disponga de más medios que los empleados hasta ahora para devolver la libertad a los ceutíes. Lo que sucede es que tales medios requieren aceptar previamente que las competencias ordinarias del Estado se han visto superadas por una situación excepcional que compromete de forma grave las libertades y derechos de los ciudadanos o la integridad territorial del Estado. La violación de esta integridad fue reconocida por el presidente del Gobierno el mismo 30 de julio, cuando entraron en Ceuta más de 80.000 personas procedentes de Marruecos. La agresión a la integridad territorial de España fue para nuestro vecino un éxito táctico y estratégico: metió en Ceuta el equivalente a su población sin disparar un tiro y demostró que tiene el control de la frontera con España. ¿Qué opuso el Gobierno en aquel momento? Nada. Y las consecuencias de aquel asalto aún perviven con la presencia en Ceuta de un número indeterminado de extranjeros, pero suficiente para mantener a la ciudad autónoma expropiada de su normalidad cotidiana.

Los medios desplegados en Ceuta por el Gobierno no son eficaces para tramitar los miles de expedientes de repatriación necesarios para devolver a su país a los asaltantes. Pero, además, el orden público está bajo amenaza constante, con un incremento de la criminalidad ya innegable, incluso para los más adeptos al sanchismo. El libre movimiento por la ciudad, el uso normal de sus espacios públicos y la dedicación de sus infraestructuras, como el puerto, a sus fines propios, están fuera del alcance de los ceutíes.

El estado de excepción responde a la situación de la ciudad autónoma, según la ley orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, previstos por el artículo 116 de la Constitución. La ley de 1981 autoriza estos estados «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes». La declaración de situación de seguridad nacional no ha dado a la situación el giro que necesitaba porque no es más que un mero apéndice del Gobierno, todavía instalado en la exculpación de Marruecos –al margen de matices de poca relevancia– y en el carácter migratorio de la crisis. Tomando a Sánchez al pie de su letra, una agresión contra la integridad territorial de España es el caso propio del estado de sitio, pero sin llegar a este extremo, el de excepción encaja en la anormalidad estructural que vive Ceuta. Es el adecuado cuando se ve gravemente alterado «el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos», entre otros aspectos de orden público, y las potestades públicas ordinarias no pueden restaurarlo. El control parlamentario de la declaración de estado de excepción garantiza su plena legitimidad democrática, con medidas proporcionales y temporales. Es cierto que el estado de excepción suspende derechos fundamentales, pero en Ceuta ya hay derechos fundamentales que están mutilados, que son los de los ceutíes. Normalizar la situación no es acostumbrarse al fracaso del Gobierno, sino exigirle que cumpla con sus responsabilidades constitucionales.