Cuando hay inflación, el enemigo de los políticos populistas siempre es el tendero: el tendero, aquel que vende algo y que encarece su género para forrarse, es el culpable del alza generalizada de precios y, por tanto, es a quien hay que doblegar para que el poder adquisitivo de los ciudadanos deje de disminuir. Y la forma más sencilla de doblegar a los tenderos es imponerles precios máximos: a saber, prohibirles incrementar sus precios. Muerto el perro, se acabó la rabia. 

O no. Si la subida de precios únicamente respondiera a un alza de los márgenes de beneficio de las empresas, entonces los precios máximos sí podrían contribuir a evitar la inflación (un aumento muy fuerte de márgenes sería indicativo de un enorme poder de mercado por parte de los oferentes y, en esa situación, un precio máximo limitaría en encarecimiento de los productos e incluso promovería un aumento de la oferta). Pero si la subida de precios no responde a un ensanchamiento de márgenes de beneficio, sino a un incremento de los costes que se traslada a mayores precios, entonces topar los precios de venta sin topar los costes tan solo llevará a una compresión de márgenes y, consecuentemente, a una reducción de la oferta de bienes que alcanza al consumidor.

¿Estamos ante una inflación originada por un aumento de márgenes de beneficios que quepa enmendar con controles de precios? Sabemos que en algunos sectores sí ha habido un incremento de márgenes de beneficios, aunque las causas de ello son variadas. Por un lado, hay sectores donde los márgenes de beneficio han crecido, pero no debido a la existencia de un elevado poder de mercado, sino a la falta de capacidad instalada: este ha sido singularmente el caso del sector del refino. En otros sectores, en cambio, el incremento de márgenes sí puede estar relacionado con la falta de competencia (por razones regulatorias): por ejemplo, dentro del sector eléctrico, las centrales renovables, hidroeléctricas y nucleares que vendan spot en el mercado mayorista han disfrutado de un incremento en sus márgenes debido a que cobran el MWh al coste de la tecnología marginal (gas) pero su propio coste de producción no se ha incrementado, y como el Estado restringe regulatoriamente la entrada de nuevos competidores (nuclear e hidroeléctrica), los incumbentes perciben rentas de monopolio. 

En el caso de las refinerías no hay mucho que hacer tanto porque es un mercado global cuanto porque, si necesitamos mayor inversión en capacidad de refino, suprimir los beneficios extraordinarios es contraproducente. En el caso del sector eléctrico, es verdad que, tratándose de rentas monopolísticas, existe cierto margen de intervención que el Gobierno ya ha aprovechado con el tope del gas: pero en todo caso los efectos de esa intervención han sido modestos, y lo han sido porque la causa fundamental detrás del encarecimiento de la electricidad ha sido el alza de uno de sus costes, a saber, el gas.

Ahora bien, y a pesar de los ejemplos anteriores, gran parte de la inflación que estamos observando tiene muy poco que ver con un incremento de márgenes de beneficios. Al menos no en dos sectores que durante los últimos días han copado el foco intervencionista del Gobierno. Por un lado, los supermercados, a quienes Podemos está intentando presionar para que pongan a la venta una cesta a precios ‘cuidados’: los márgenes de ganancia unitarios en el sector de la distribución se ubican apenas entre el 2%-3%, de modo que lo que parece que están haciendo estas empresas es trasladar al cliente parte del aumento de costes que ellos están sufriendo. Algo similar ocurre con el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable que Podemos ha propuesto recientemente topar: si esas hipotecas se encarecen es porque el euríbor también lo ha hecho y si lo ha hecho es por la decisión del Banco Central Europeo de incrementar sus tipos de interés de intervención. Por consiguiente, las intervenciones de precios en estos casos —la pendiente resbaladiza por la que ahora mismo se está deslizando Podemos— sí pueden terminar restringiendo la oferta y, por tanto, perjudicando a los ciudadanos: menos oferta de bienes y de crédito por la tutela estatal de los precios. 

Si no se diagnostican adecuadamente las causas de la inflación (ya no solo respecto a si tiene su origen en la demanda o en la oferta, sino también cuáles son los problemas específicos de oferta que la generan), las consecuencias de tomar malas medidas pueden ser todavía peores que la muy alta inflación.