EL MUNDO 01/08/14
· 17 de las 23 propuestas presentadas por Mas a Rajoy se traducen en más dinero
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, rechaza que se califique como memorial de agravios el documento de 20 páginas que el miércoles entregó a Mariano Rajoy y en el que se recogen las 23 propuestas de la Generalitat para aliviar el «día a día» de los ciudadanos catalanes, asegurar sus servicios públicos, apuntalar su actividad económica y, en definitiva, facilitarles la vida.
Rajoy se ha comprometido a estudiar con «ánimo constructivo» el listado porque, como recalcan en La Moncloa, sigue manteniendo que a través del diálogo muchos asuntos se podrían solucionar. En el Gobierno piden tiempo para analizar las propuestas y advierten de que algunas de ellas deberán debatirse en foros multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, como se apuntó desde Presidencia, en este terreno «la puerta no está cerrada».
El documento se divide en seis apartados. Los más prolijos son los dos primeros, referidos al ámbito económico y a las infraestructuras. Los cuatro restantes se centran en el ámbito social, en las administraciones públicas, en el terreno lingüístico y cultural y en otros temas «relevantes», como el desarrollo rural o las becas universitarias.
En total, de las 23 medidas, 17 concluyen con la reclamación de fondos al Estado o la minoración de las contribuciones que hace Cataluña a la caja común. En el documento no se olvidan tampoco reclamaciones de menor entidad y carácter más simbólico. En definitiva, se trata de todo un repaso de las demandas, algunas históricas y otras recientes, de la Generalitat. Un paseo de peticiones que va desde la lanzadera ferrroviaria que debería unir la estación de Sants en el centro de Barcelona, hasta el cumplimento pleno del acuerdo de devolución de los papeles de Salamanca.
En el primer capítulo, referido al ámbito económico, la Generalitat plantea que «si el Gobierno central no incrementa los ingresos presupuestados para Cataluña y no amplía el actual margen de déficit (0,7%), los objetivos para 2015 serán de difícil cumplimiento». Así, propone tres actuaciones. La primera, un aumento de los ingresos transferidos por valor de 2.000 millones en concepto de liquidaciones, anticipos y otros. En este apartado sugiere, por ejemplo, una compensación de 500 millones por la supresión de la tasa a los depósitos bancarios, así como el pago –pendiente del año 2008– de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, por valor de 759 millones.
También propone revisar el objetivo de déficit elevándolo a un 1,7% del PIB, lo que significaría un balón de oxígeno de otros 2.000 millones. Y como tercera vía sugiere un aumento de los ingresos propios vía tasas por un importe de 500 millones.
Dedica igualmente un apartado a las graves consecuencias que, según sus cálculos, tendrá la reforma del sector eléctrico para la industria catalana. El apartado económico se cierra con una queja por la invasión competencial que supone la Ley de Unidad de Mercado, ya recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional.
En infraestructuras, señala el trato discriminatorio que se ha dispensado a Cataluña donde, apunta, la inversión de Fomento se ha reducido un 50% en 2004-2014, frente al 25% de las otras autonomías. Los proyectos prioritarios que plantea son el Cuarto Cinturón, los accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona, la red de cercanías y el Corredor Mediterráneo. Además, pide un aumento de la aportación del Estado a la financiación del transporte público en el área de Barcelona.
En el campo social, el documento abunda en el déficit de financiación del Sistema Público de Salud que, según sus cálculos, se sitúa entre un 8% y un 10% del gasto. Reclama una revisión de la cartera de servicios que supondría un ahorro de 28 millones; pide su parte –58 millones anuales– por la mayor recaudación de IVA en productos sanitarios, y propone nuevamente la tasa por expedición de receta (140 millones).
Respecto a las Administraciones Públicas, lamenta la Ley de la Administración Local, que ya ha recurrido; el aumento de conflictos por invasión competencial, y demanda la parte que le corresponde de los 316 millones recaudados en 2013 en tasas judiciales.
Por último, en el ámbito lingüístico y cultural requiere la anulación del decreto por el que se le obliga a financiar el coste de escolarización en castellano en un centro privado; pide recuperar un múltiplex de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y exige el cumplimento del acuerdo de devolución definitiva –sin coste económico alguno–, de los papeles de Salamanca.