ABC 15/12/16
MARCELINO OREJA AGUIRRE, PRESIDENTE DE HONOR DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
· «La Ley para la Reforma Política abrió el camino a pactos entre el Gobierno y la oposición, en el que participaron con gran sentido de responsabilidad tanto quienes tuvieron cargos durante el régimen como quienes se habían enfrentado a él»
DE la ley a la ley». Con esas palabras, Torcuato Fernández Miranda quiso marcar el camino para que el Gobierno de Adolfo Suárez y las Cortes pudieran alcanzar un sistema plenamente democrático para España. El ambiente general era propicio al cambio. En los meses que duró el Ejecutivo de Arias Navarro desde el inicio del reinado de Juan Carlos I se dieron algunos pasos significativos hacia una normalización democrática. El 21 de mayo se celebró el Pleno de las Cortes para discutir y votar el proyecto de Ley de Reunión que defendió Manuel Fraga, ministro del Interior, reconociendo la libertad de reunión y manifestación para fines lícitos. La siguiente ley fue la de Asociaciones Políticas, defendida por Suárez, ministro secretario general del Movimiento. El 1 de julio se produjo la dimisión de Arias, a requerimiento del Rey, como presidente del Gobierno. A continuación, el Consejo del Reino propuso a Don Juan Carlos una terna entre los que figuraba Suárez, que fue elegido por el Rey.
Cuestión capital del nuevo Gobierno era afrontar el rumbo que debía seguir la reforma política, tema que tuvimos que abordar en un entorno de grave crisis económica, crisis del petróleo, cambio de la coyuntura mundial, la necesaria reforma sindical y el desarrollo de acción política. Sin olvidar la necesidad de aprobar la reforma del Código Penal, la amnistía política, negociar con los líderes políticos y conjuntamente con los de la oposición legal y, sobre todo, como tarea prioritaria, la elaboración de la ley que posibilitara las reformas políticas.
A mediados de agosto, el Gobierno tenía claras las siguientes ideas: que la reforma política a proponer debía afectar especialmente a la composición de las Cortes, estableciéndose su renovación por sufragio universal, igual y directo; que estas Cortes, así elegidas, debían proponer la modificación de las Leyes Constitucionales; que las elecciones debían convocarse en el plazo máximo de un año y que adoptaran el sistema de representación proporcional. El 10 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la Ley para la Reforma Política.
Por la noche compareció ante la televisión Suárez. En aquella intervención afirmó que «la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca un obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de ésta. Por eso estamos convencidos de que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas articulen el cuerpo nacional». El debate en las Cortes tuvo lugar entre el 16 y el 18 de noviembre.
Fernández Miranda hizo pública una declaración afirmando que se abría un nuevo futuro desde la propia legalidad para crear por los caminos civilizados de las leyes un supuesto político radicalmente distinto, y manifestó que «considerar que, porque el cambio era sustancial, ya es ruptura, es, con todos los respetos, una terquedad».
Quiero destacar entre las intervenciones de aquellas sesiones la del procurador Fernando Suárez. En nombre de la ponencia, mostró rigor, claridad y brillantez en su exposición al defender la consulta al país propuesta por el Gobierno para saber si se decidía instalar un nuevo sistema de representación basado en el sufragio universal. Con abundancia de citas, el ponente declaró que la Ley de Principios del Movimiento tenía en nuestro ordenamiento el mismo rango que las leyes fundamentales y podía, por consiguiente, ser modificada. El discurso de clausura corrió a cargo del ministro de Justicia, Landelino Lavilla. Puso de manifiesto que el Gobierno se había atenido a la literalidad del artículo 10 de la Ley de Sucesión, proponiendo la Ley para la Reforma Política que se insertaba en el conjunto de las siete leyes fundamentales anteriores y que contribuiría a la convivencia integradora de todos los españoles, reconociendo al pueblo la capacidad de dirigir su propio camino y despejar el horizonte de nuestra propia convivencia.
La ley es un texto breve con cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Algunos, como el profesor Lucas Verdú, en su crítica jurídico-política de la reforma, atribuyen la parquedad a astucia política, al haberse elegido la concisión para sortear puntos conflictivos, sea silenciándolos, sea reenviándolos con condicionamientos a las futuras Cortes para que lo decidieran. Sintetizando el concepto de democracia contenido en el proyecto, este se basa en la supremacía de la ley, el reconocimiento de diversas corrientes políticas y la expresión de la voluntad soberana del pueblo.
Se trataba de anteponer los intereses generales a los particulares y buscar una coincidencia en nuestro futuro nacional mostrando la diversidad de iniciativas, y lograr así un gran acuerdo para la democracia. La Ley para la Reforma Política abrió el camino a los posteriores pactos entre el Gobierno y la oposición, en el que participaron con gran sentido de responsabilidad tanto quienes tuvieron cargos durante el régimen como quienes se habían enfrentado a él. Quien desde el primer día, con decisión y con prudencia, facilitó aquel recorrido a la reforma política fue Don Juan Carlos, que ya en su discurso de noviembre de 1975 marcó un camino que refrendó a lo largo de todo el proceso que culminó con la Constitución de 1978, la superación del golpe del 23 de febrero y el cambio de Gobierno tras las elecciones de 1982.