No tuvo la presidenta Ayuso su mejor momento al argumentar contra la decisión de la Fiscalía Europea de investigar el famoso contrato de su hermano por la compra de las mascarillas. Citó todos los controles y añadió: “Después de tantos organismos solo falta la ONU por pronunciarse al respecto”. Mal dicho, no se deben dar ideas. En la ONU tienen asiento (y sueldo) dos glorias del socialismo español que pagamos a escote con nuestros impuestos, Bibiana Aído y Leire Pajín. Los socialistas en organismos internacionales son un arma letal contra España, recuerden a López Guerra que fue el inductor de la condena a España del TEDH por la que fueron puestos en libertad algunos terroristas y no pocos violadores. Solo falta que les pregunten a ellas.
Bueno, pues el Supremo falló que Baltasar Garzón (solo o en compañía de otras, debió añadir) incurrió en un delito de prevaricación al ordenar escuchas ilegales de los cabecillas de la Gürtel con sus defensas. ¿Por qué eran ilegales? Porque la L.O. General Penitenciaria (art. 51.2) dice: “Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor (…) no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. Es un problema que un hombre tan voluntarioso en su biografía amatoria confunda la copulativa con la disyuntiva.
La intención del legislador era meridiana: los abogados defensores de los terroristas comparten ideología y causa con sus defendidos. Los defensores de Gürtel eran la flor y nata de la abogacía criminalista de España: Choclán, Rodríguez-Mourullo, Peláez; era una perversidad tratarles como cómplices de sus defendidos. Ellos ejercieron la acusación en la causa en que el Supremo condenó al prevaricador a la inhabilitación que todavía arrastra.
Recordarán, ya lo hemos contado, que el 6 de febrero de 2009 el entonces juez Garzón ordenó prisión para sus ‘imputeados’ en una causa contra el principal partido de la oposición y se fue a Andújar a cenar con el ministro de Justicia, el comisario-jefe de la Policía Judicial y Lola Delgado, esa amiga carnal, tan entrañable. Simpatizaba con ellos un colega, no sé si cómplice, José Ricardo de Prada, autor de la sentencia amorcillada que Sánchez usó para su moción de censura. Lola Delgado llegó a ministra y a fiscal general del Estado. El pasado día 23 accedió a ceder el caso a la Fiscalía Europea, pero sin recabar el preceptivo criterio de la Junta de Fiscales de Sala, por lo que se desdijo al día siguiente. Por mucha voluntad que ponga Concha Sabadell la cosa no va a prosperar.
Ignacio Peláez la denunció por ocultar pruebas exculpatorias en una conversación suya con Pablo Crespo, y había dado por buenas las escuchas a las conversaciones entre los abogados y sus defendidos. Es verdad que el prevaricador es el juez, pero es impresionante que una persona, no ya jurídicamente formada, sino medianamente alfabetizada no le dijera: “que no puede ser, Balta, que serán chorizos, pero no terroristas y no les puedes hacer escuchas”. El Código Penal debería incorporar un tipo más leve del que sacó a Garzón de la carrera: la prevaricación intelectual, que consiste en decir chorradas a sabiendas.