Ignacio Camacho-ABC

  • Si una norma no se entiende no es porque esté mal explicada, sino porque está mal concebida

Las normas hay que cumplirlas siempre, pero se cumplen mejor cuando además de ser legítimas resultan fáciles de comprender y responden a una necesidad objetiva. Por lo general, si una norma no se entiende no es porque esté mal explicada, sino porque está mal concebida. Una ley, un decreto o un reglamento constituyen patrones de conducta que la sociedad se da a sí misma a través de sus mecanismos de representación política, y para funcionar bien requieren el consenso de una amplia mayoría. Su aceptación será tanto mayor cuando más sencillas e inteligibles parezcan sus pautas, disposiciones y medidas. Los preceptos confusos o incoherentes provocan perplejidad y desasosiego a la ciudadanía.

El confinamiento perimetral de regiones y provincias en Semana Santa es una decisión correcta ante el riesgo cierto y patente de extensión de la pandemia. Hay una cuarta ola en puertas y su impacto depende del modo en que seamos capaces de prevenirla y contenerla sin cometer los errores que favorecieron las tres primeras. El problema surge cuando los españoles sufren unas limitaciones que no rigen para los visitantes de fuera, entregados a la vista de todos al disfrute de una libertad de la que tampoco gozan en su tierra. Si hay alguna razón para ese aparente sinsentido, pongamos que la de proteger el turismo y otras actividades económicas, su formulación no puede ser más desastrosa. La población nacional soporta la paradoja de no poder moverse de su entorno mientras aterrizan vuelos -más de 3.000 de aquí al puente- procedentes de Europa sin que sus pasajeros pasen más control sanitario que unas escasas inspecciones aleatorias. La sensación de agravio es escarnecedora: están abiertas las fronteras internacionales y cerradas las autonómicas.

Con las actuales tarifas baratas, cualquier compatriota puede ir -y alguno ha ido- de Madrid a Marbella volando primero a París y de allí a Málaga. Hecha la norma, hecha la trampa, pero el truco refleja lo absurdo de una ordenanza cuya falta de lógica destruye la posible comprensión de su eficacia. Tampoco es muy congruente que los críticos de la política de manga ancha con la hostelería estén atestando las terrazas, pero si el Covid ha dejado alguna conclusión clara es que la responsabilidad individual está muy sobrevalorada. La de las autoridades consiste en fijar los criterios sin escudarse en fallos ajenos, y hasta ahora no han conseguido otra cosa que sembrar el desconcierto tocando botones como al azar a ver si alguno surte efecto. El mandato de los cierres territoriales, que era pertinente en este momento, ha perdido toda fuerza moral con el permiso a los extranjeros. Se obedece -mal que bien- porque no hay más remedio, pero deja un regusto de capricho, de arbitrariedad, de privilegio, y carece del soporte de convicción que exige el derecho. Nos gobierna gente capaz de sabotear sus propios aciertos.