El nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática dejó ayer patente la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal. Es incomprensible que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se obstinara en designar a su antecesora para una figura contemplada en la Ley de Memoria Democrática, a la que se asigna un papel crucial para la convivencia, arriesgándose a aportar una polémica más al debate electoral. La tensión en la carrera resulta intranquilizadora para los ciudadanos, que precisan sentirse protegidos por el Ministerio Público. La Ley de Memoria Democrática «crea un fiscal para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de derechos humanos», incluidos «el golpe de Estado, la guerra y la dictadura». Y se le atribuyen además «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas». Una tarea tan delicada que no debería estar condicionada por la diatriba que acompaña a Delgado, que formó parte del Gobierno que impulsó la norma y es pareja del exjuez y abogado en ejercicio Baltasar Garzón, que desarrolla parte de su actividad en el área de competencia de la nueva fiscalía de sala.