De nuevo los pufos vasco y navarro

La negociación del cupo vasco y de la aportación navarra al Estado constituye uno de los aspectos más pesarosos de la hacienda española. La perseverancia de los representantes de ambas regiones para imponer su voluntad de pagar poco o nada al Estado cuenta con una tradición que se arrastra desde el siglo XIX; y frente a ella el Gobierno nacional se ha mostrado siempre incapaz de aguantar el embate, sea quien sea el ministro ocupante de la poltrona de Hacienda. José Calvo Sotelo, a quien correspondió esa cartera al mediar los años veinte, escribió:

A mí me cupo en suerte -en mala suerte- reglamentarlo. Es de las más ingratas tareas que sobre mi pesaron. Y no por las personas con las que hube de mantener interminables diálogos, no (…) La pesadumbre estaba prohijada por la índole misma de la labor.

El ministro de la Dictadura desveló que esta última consistía en una interminable discusión acerca de los números que conforman el cálculo; unos números -decía Calvo Sotelo- que «acusaban una gran desigualdad» entre los datos que facilitaban los técnicos del Ministerio de Hacienda y las cifras que enarbolaban los amables comisionados vascos.
Como cabía esperar de tan inveterada tradición, al ministro Montoro le corresponde ahora apechugar con una nueva edición de las leyes que, al aprobar tales cupo y aportación, los convierten en pufos para todos los españoles. Pues, en efecto, esas normas acumulan ya un retraso considerable y resulta inevitable proceder a su renovación, al haber transcurrido ya hace tiempo el quinquenio de su vigencia. Esta circunstancia se debe, seguramente, a que, en medio de la crisis económica que nos envuelve, resulta cada vez más difícil el maquillaje de unas cifras que conducen a un tratamiento privilegiado de los vascos y navarros, no tanto porque paguen menos impuestos que el resto de los españoles -tal como, por cierto, reconocía la semana pasada el consejero Gatzagaetxebarria en el Parlamento vasco-, sino porque se benefician de un gasto público por habitante muy superior al vigente en las demás regiones.
De que el nuevo cupo y la nueva aportación, que están ya muy cercanos al trámite parlamentario, van a constituir otra vez un pufo ya no cabe la menor duda, después de la presentación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En ellos se han hecho figurar unas cantidades, 1.527 millones de euros en el caso del País Vaco y 569 en el de Navarra, que resultan casi iguales a las que se aprobaron en las respectivas leyes de 2007, lo que revela una nula voluntad de alterar el statu quo establecido en aquel año por el Gobierno que presidía Zapatero. Y si en aquella ocasión se pudo estimar que las cantidades estipuladas no eran ni siquiera la mitad de las que, si se operara con veracidad en los datos, deberían haber pagado esas comunidades autónomas, ahora va a ocurrir lo mismo o incluso algo peor. Más en concreto, si se atiende a las cifras presupuestarias del último ejercicio, se puede concluir que el cupo vasco debería situarse en el entorno de los 4.200 millones de euros y la aportación navarra, alrededor de los 1.100.
Por consiguiente, se vuelve a repetir la misma historia de siempre, y en esto el Gobierno de Rajoy no muestra ningún afán reformista. Más bien parece que, siguiendo esa manera de actuar que, en otra ocasión, he descrito como la pachorra conservadora, no se quiere cambiar nada, seguramente para no herir ninguna sensibilidad nacionalista o foralista. O sea, para no alterar al PNV o a UPN -que están instalados en los Gobiernos regionales- y, de paso, tampoco a los dirigentes locales del Partido Popular que, en estos asuntos, no se distinguen de aquellos partidos.
Sin embargo, una de las raíces del descontento regional en España está ubicada, precisamente, en la cuestión del cupo y la aportación. El actual conflicto catalán -que amenza severamente la estabilidad del Estado- se ha desencadenado en parte por la pretensión del Gobierno de Cataluña de contar con un sistema privilegiado de financiación similar a los del País Vasco y Navarra. Y ese conflicto amenaza con extenderse sobre otras regiones, singularmente sobre Madrid, cuyo consejero de Economía pidió en agosto a Montoro que acabara con las prebendas de los regímenes forales.
El caso es que esas prebendas pueden ser corregidas sin alterar la esencia del sistema foral, que no es otra que la de la autonomía fiscal; es decir, la capacidad de recaudación y gestión de los impuestos sin otra limitación que la derivada de las reglas de armonización que se contienen en el concierto económico del País Vasco y en el convenio económico de Navarra. Ni el Concierto ni el Convenio llevan de manera inapelable a los excesos de financiación que finamente obtienen los respectivos gobiernos regionales. La democracia instaurada en nuestra Constitución -donde se prohíbe que «las diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas» conduzcan a establecer «privilegios económicos o sociales»- debería haber acabado para siempre con esa herencia decimonónica. Pero no ha sido así y hoy tan pesado legado de la Historia se ha convertido en una amenaza para la supervivencia del Estado.