De otras corrupciones

LA siempre ilustrativa consulta al Diccionario de la lengua española que su Real Academia nos ofrece periódicamente actualizado permite sostener que reducir la corrupción a su vertiente económica equivale a ignorar la amplitud del concepto. Corromper es sobornar con dádivas o utilizar funciones públicas en provecho económico privado, pero lo es también alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, estragar, viciar… y resulta inquietante que se dedique tanto espacio y tanto tiempo a la dimensión económica de la corrupción y se dé tan poca importancia a otros vicios y daños que pueden incluso estar en la raíz de la que tanta y tan generalizada preocupación suscita.

Se dice con frecuencia que la corrupción económica, denunciada casi a diario por los periódicos y los jueces, puede llegar a poner en riesgo la democracia. Pienso, por el contrario, que nada más eficaz que la democracia para la acusación, el enjuiciamiento y la sanción de los corruptos debidamente comprobados, y me preocupa mucho más la naturalidad con que la opinión pública española acepta que se distorsionen, se ignoren y se manipulen los preceptos de la Constitución que configuran la estructura de la democracia misma. Eso sí que, en mi opinión, la corrompe y la pone seriamente en peligro, en la medida en que puede provocar el desdén, la decepción o la desconfianza de los ciudadanos, aunque cause gran satisfacción a los políticos que se benefician de prácticas bien poco democráticas.

Por poner un ejemplo de la máxima actualidad, el artículo 140 de la Constitución Española dispone que «los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley», añadiendo inmediatamente que los «alcaldes serán elegidos por los concejales». Mas he aquí que la aplicación de estos preceptos por los partidos políticos –por todos los partidos políticos– ha llevado a la situación precisamente inversa: todos sabemos ya quienes están propuestos como candidatos a alcaldes, pero ignoramos absolutamente los nombres de los candidatos a concejales que, una vez elegidos, deben a su vez elegir al alcalde.

Como es de suponer, los candidatos a alcalde –elegidos en primarias del todo peculiares o designados por uno de esos dedos todopoderosos que han fabricado nuestras organizaciones políticas– no consentirán impasibles que sus partidos respectivos les elaboren la completa lista electoral y concentrarán todos sus esfuerzos en incluir en ella el mayor número posible de gente de confianza. De donde es lícito deducir que, concluido el proceso, no habrán sido los concejales los que han elegido al alcalde, sino precisamente el alcalde el que ha elegido a la mayoría de los concejales que le ha permitido el acceso a la vara. El mecanismo refuerza el poderío de la primera autoridad municipal y priva de cualquier posibilidad de control a los concejales de su mayoría, mientras los de la minoría protestan, gritan y denuncian, pero no controlan. En cualquier Ayuntamiento que se quiera examinar, se puede comprobar que si el alcalde ha cometido algún exceso endeudando al municipio, bautizando calles con nombres polémicos o contratando personal laboral para regatear información a los funcionarios o para colocar amigos y parientes, la protesta surge de los opositores, pero nunca de los partidarios, únicos que podrían evitar abusos y desmesuras.

Como de las candidaturas a las Comunidades Autónomas se puede predicar exactamente lo mismo, la calidad democrática de las próximas elecciones municipales y autonómicas resulta manifiestamente mejorable, pero no se aprecia en los partidos dominantes la menor voluntad de atribuir a los ciudadanos las competencias que les han venido sustrayendo durante ya demasiado tiempo.

Esa es la situación que tenemos delante aquí y ahora, a pesar de que las primeras figuras designadas para los puestos de principal relieve –y, muy en concreto, para los de Madrid– se desgañitan proclamando su espíritu democrático y, en algún caso concreto, su prosapia liberal. Si los demócratas y liberales proceden de tal guisa, no debieran escandalizarse tanto de que haya quienes pretendan cuestionar el entero sistema y a quienes se viene atribuyendo el equívoco nombre de «populistas». Su amenaza puede prorrogar durante algún tiempo la insatisfactoria situación actual, pero los partidos hasta ahora mayoritarios deben aceptar que, o se ponen de acuerdo para hacer más auténtica la democracia española, o crecerá exponencialmente el número de los que no tienen el menor interés en defenderla.

Porque, además, lo dicho sobre las próximas elecciones municipales vale desgraciadamente también para las elecciones generales. El número uno de la lista de Madrid invita a participar a quienes tenga a bien y estos ya saben que por el mero hecho de haber sido incluidos en la lista del partido en cualquier provincia española renuncian al fundamental derecho que les otorga el artículo 99.3 de la Constitución, porque no serán ellos quienes otorguen su confianza al presidente, sino que han debido obtener la confianza previa del presidente para ocupar su escaño. No conozco a nadie que sostenga que eso es precisamente lo que se consagró en la Constitución.

De ahí resulta la corrupción –quiero decir el trastueque, la desfiguración– del Parlamento, convertido en cámara de resonancia de los debates partidistas, con lectura de discursos redactados en otros ámbitos, imposibilidad de convencer a nadie que no esté previamente convencido y resultados de las votaciones previsibles desde el día primero de la legislatura. Quienes debieran controlar al gobierno deben el cargo a su presidente y tienen que comportarse con mansedumbre, votando incluso contra lo que piensan o contra lo que anunciaron en sus campañas. Las minorías, como en el ayuntamiento, protestan, gritan y denuncian, pero no controlan.

Esta conversión de la representación popular en séquito, comparsa y acompañamiento de los reforzadísimos poderes de los líderes de los partidos que parecen incapaces de presidir a hombres y mujeres libres y prefieren tenerlos bajo control, porque eso les facilita mucho las cosas, está en la raíz de otras corrupciones. Nadie se puede creer que ni un solo concejal, diputado autonómico, diputado nacional o senador tuviera conocimiento de los desmanes de los colegas que están en la cárcel y si la disciplina de partido les mantuvo en silencio es forzoso concluir que han preferido conservar su situación que representar a ciudadanos decentes.

Hablando de los que están en la cárcel, es obligado recordar que no fueron los electores, sino los seleccionadores, quienes se equivocaron radicalmente al incluirlos en las listas, sin que uno solo de tales seleccionadores haya aceptado la menor responsabilidad, políticamente tan exigible. El velo de los aparentes «comités electorales» permite cubrir las arbitrariedades del dedo.

Si no se afrontan estos graves defectos de nuestra democracia por quienes todavía pueden hacerlo, que no se sorprenda nadie de su degeneración y de la creciente incomparecencia de quienes tienen su vida resuelta al margen de los escaños.