Pedro Sánchez es bien consciente de que el caso Pegasus podría asestarle la puntilla a una legislatura que ya acusa un desgaste difícilmente reversible. No parece pues que vaya a haber un segundo tomo del Manual de resistencia.
Y, a pesar del agotamiento de una capacidad de «resiliencia» que Sánchez enarboló como leitmotiv de su estilo político, en la Moncloa no dan signos de haber tomado nota de que a su storytelling se le han acabado las balas.
Por el contrario, se empecinan en una forma de comunicación política que busca inducir a error a los españoles mediante sucesivos señuelos. La consigna argumental de la Moncloa es ahora invertir la carga de las responsabilidades y endosarle al Partido Popular el escándalo de los espionajes irregulares.
Este periódico adelanta hoy que el PSOE previsiblemente claudicará ante Podemos y ERC y votará a favor de una comisión de investigación en el Congreso sobre las «cloacas del Estado». Es decir, que para alejar de sí el fango de Pegasus, Sánchez ha optado por embarrar al partido de la oposición, sumándose a la tesis de que la responsabilidad última de las fallas en la Inteligencia española es herencia del Gobierno del PP.
Porque facilitar una «comisión de las cloacas» implica comprar el dañino argumentario de independentistas y populistas de que en España sigue vivo una suerte de franquismo sociológico tolerado y promovido por el PP y que ahora urge limpiar. Una tesis conspiranoica según la cual todavía existe una «policía patriótica» que ampara un entramado irregular de estructuras opacas.
Nuevas concesiones
Es difícil no ver en esta maniobra distractiva un nuevo episodio en las capitulaciones del Ejecutivo ante sus socios independentistas. Una política de apaciguamiento suicida mediante sucesivas ofrendas que se están haciendo a costa de la dilapidación del patrimonio institucional y de la exhibición internacional de grandes vulnerabilidades en la defensa del Estado español.
Acaso Pedro Sánchez haya sobrevalorado su capacidad de fijar la agenda mediática. Y el aún inaclarado episodio del espionaje a independentistas y a ministros del Gobierno ya es la mayor china que el Gobierno ha tenido en su zapato hasta la fecha. Una de la que no está consiguiendo zafarse ni siquiera con sus narrativas victimizantes.
Porque incluso una realidad tan poliédrica como la de la política arroja evidencias que imponen límites al caprichoso retorcimiento dialéctico. Y después del descabezamiento de Paz Esteban al frente del CNI, cuesta pensar que todavía quede alguien en España incapaz de ver que el Gobierno es esclavo de unas alianzas que resultaron comprometedoras desde el principio.
Dudas sin resolver
La prioridad del Gobierno debería ser dar explicaciones sobre las muchas dudas que quedan por esclarecer, en vez de seguir huyendo hacia delante con un insatisfactorio relato exculpatorio.
¿Cómo se explica que de los 18 políticos catalanes cuya investigación fue autorizada por el Tribunal Supremo sólo 13 fueran espiados efectivamente? ¿Y qué hay de los 52 líderes independentistas que restan hasta los 65 que supuestamente fueron infectados por Pegasus?
Si Sánchez no quiere ver dilapidado todo su crédito político, haría bien en volver a priorizar el interés general de los ciudadanos en lugar de perseverar en una política cortoplacista que subordina la integridad del Estado a sus ocurrencias. Los cortafuegos a los que le obligan unos socios inmerecedores de su confianza pueden acabar dejando tras de sí un legado de debilitamiento institucional y de desprestigio internacional.