No hubo sorpresas y, como se esperaba, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló por unanimidad la semana pasada la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que, en lugar de ceñirse a cumplir las funciones que su cargo exige, decidió convertirse, porque así lo quiso, en peón al servicio de Sánchez y de sus huestes, un poco de manera incomprensible, porque, al fin y al cabo, ¿qué necesidad había? Pero Sánchez lo necesitaba para sus fines, así que, en lugar de dedicarse a promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, perseguir los delitos y presentar acusaciones, y velar por la independencia de los tribunales, decidió asumir como propio uno de los objetivos de Sánchez, que no es otro que destruir a sus adversarios tras convertirlos en enemigos: en este caso, a la que odia tanto como teme, que no es otra que Ayuso, bestia negra del sanchismo en Madrid y, quizás más pronto que tarde, en el conjunto de España.

Y así incurrió en un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta, razón por la cual ha sido condenado a dos años de inhabilitación para el cargo; porque, por mucho que insistan, no actuó en defensa de la verdad sino que delinquió en defensa de Sánchez.

El CGPJ ha dado su nihil obstat a la elección de Teresa Peramato, porque, tal como se señala en el informe del Consejo, «reúne los méritos y los requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado»: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo.

Todas las asociaciones de fiscales han reconocido su trayectoria, la cual está fuera de toda duda. Al fin y al cabo, la futura fiscal general acumula treinta y cinco años de carrera y es fiscal de Sala desde 2021, cuando fue nombrada jefa de la Fiscalía contra la Violencia de Género. En febrero de 2025 inició su labor como fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras ser nombrada por el Álvaro García Ortiz, lo cual nos dice que era de su confianza, lo cual, empero, no debería llevarla por los caminos transitados por el fiscal general ya inhabilitado: los del sectarismo y el delito.

Los peores y los más sectarios

El problema en este caso no es que a la persona elegida le falten méritos académicos y profesionales para ejercer el cargo que asumirá en breve, sino de quién depende la Fiscalía y, más concretamente, si la nueva fiscal, de cuya trayectoria y bagaje nadie duda, se dedicará a desarrollar las funciones que el cargo exige o, como su antecesor, se pondrá al servicio de Sánchez y su proyecto político.

Porque hay dos problemas en España que lo están contaminando todo: por un lado, gente sin formación que alcanza las más altas magistraturas del Estado y termina gobernándonos directa o indirectamente para conformar lo que podría denominarse «el gobierno de los peores» o el de «los más sectarios»; y, por otro lado, gente sobradamente preparada desde un punto de vista académico e intelectual que, por sectarismo político, falta de carácter o conveniencia política y económica, llegado al cargo, se convierte en fiel servidor de su amo político, en este caso de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Esta es realmente la cuestión. Y que algunas de las principales instituciones del Estado hayan sido okupadas por el PSOE, que dijo venir a regenerar España y lo ha degenerado todo.

Espero que a Teresa Peramato le falten ganas y tiempo para seguir los pasos de su predecesor, cuya actitud sectaria ha llevado a la Fiscalía General del Estado a su absoluto desprestigio. La nueva fiscal general pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, o sea, que parece de izquierdas, lo cual, desde luego, no debería ser obstáculo para que cumpla fielmente las funciones del cargo sin avenirse a los mandatos y deseos interesados de Sánchez. Así debería ser en un país que quiera ser serio y democrático.

Al fin y al cabo, a pesar de lo que el universo Sánchez nos está haciendo pensar, uno puede ser de izquierdas y, a la vez, ser respetuoso con el ordenamiento jurídico, con la separación de poderes y con la Constitución Española. Así debería ser, de hecho.

Fomentar la desigualdad

Y este es otro de los grandes problemas que padecemos: la confusión interesada de determinados términos y conceptos, como los de «progresistas» y «conservadores», que demasiada gente ha integrado equivocada e ingenuamente en su vocabulario.

Pero ¿cómo puede llamarse progresista a quien cede ante los matones, amnistía a corruptos y golpistas, privilegia a los independentistas y trocea España, fomentando la desigualdad entre comunidades autónomas y ciudadanos? Yo espero que la nueva fiscal general del Estado sea progresista en el sentido más noble del término: la defensa de los más vulnerables frente a los poderosos, que es la mejor forma de hacer o tratar de hacer justicia. Y, al menos, que cumpla las labores que le son propias, a pesar de que haya sido elegida por el Gobierno de España. Porque, a diferencia del servil Álvaro García Ortiz, puede ser independiente del poder político y de Sánchez. Porque depende de sí misma… si ella quiere.