En junio de 2024, con la mediación de Bruselas, el PSOE y el PP acordaron la renovación del CGPJ y la despolitización de la Justicia y la Fiscalía. Fruto de ese acuerdo fue una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, publicada en el BOE de 5 de agosto de 2024. Quizás ingenuamente se pensó que la Justicia volvía a ser materia de un pacto de Estado, siempre asentada en un acuerdo bipartidista entre PSOE y PP. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció ayer una nueva reforma del Poder Judicial, sin contar con el PP, lo que supone la quiebra de la buena fe que inspiró el acuerdo de junio de 2024. Cada vez que este Gobierno invoca «el siglo XXI» o «la democratización y transparencia» para justificar una ley es inevitable asociar su mensaje a una burla, pues una y otra son las virtudes sacrificadas por el Ejecutivo de Sánchez en el ejercicio de su acción pública. Pero si tales condiciones tan benéficas son las que acompañan a una iniciativa sobre el Poder Judicial, hay razones para, además, preocuparse. Este es el Gobierno que presenta –y pierde por goleada– querellas contra los jueces, que quiere coartar su libertad de expresión, que difama la justicia española con la acusación de ‘lawfare’ y que legitima a delincuentes, prófugos e imputados. Lo que este Gobierno presenta como «democratización y transparencia» de la Justicia suele ser temible para la democracia. El siglo XXI no es coartada para trampas autoritarias.

El anuncio de Bolaños es la vieja aspiración de la izquierda de modificar el acceso a la carrera judicial y, aunque parte de la música suene bien, la letra desvela las intenciones espurias del Gobierno. Sobre todo porque la reforma del procedimiento de acceso por una vía rápida incluye a los fiscales y a los jueces sustitutos. Las becas son un buen sistema para evitar que el servicio al Estado quede privado de talento por razones económicas, pero hay que evitar que se conviertan en un mercado de fidelidades a largo plazo. Los jueces y fiscales actuales no han aprobado sus oposiciones por ser ‘niños ricos’. Este mantra absurdo de la izquierda es una mentira contra la Justicia. Son jueces y fiscales porque, ante todo, tienen vocación de servicio público y entregaron al estudio de la oposición algunos de los mejores años de sus vidas. Tampoco mejorará la calidad de la justicia eliminar una prueba oral en las oposiciones –la oralidad es la forma procesal por la que opta la Justicia–, ni hacer anónimas las pruebas escritas de los profesionales del Derecho que quieren entrar en la carrera judicial por el cuarto turno, que no puede ser el coladero de amiguetes en que se convirtió el tercer turno suprimido en 2003. Se manifiesta en estas iniciativas un empeño por masificar la judicatura a corto plazo para cambiar lo que en la lógica frentista de la izquierda se percibe como un sesgo conservador heredado del franquismo.

Más pruebas de la vuelta del Gobierno al frentismo con la Justicia se encuentran en la sospecha que extiende su propuesta sobre la financiación de las asociaciones judiciales y, sobre todo, en la reforma de las salas de gobierno de los órganos colegiados, en las que tiene mayoría la Asociación Profesional de la Magistratura, y del Comité de Ética Judicial, formado ahora solo por jueces y al que el Gobierno quiere incorporar catedráticos. La izquierda avanza de forma constante hacia una mutación de la justicia en España, con la progresiva desjudicialización de los procesos, el protagonismo absoluto de un Ministerio Fiscal afecto a la causa y la ingeniería social para el acceso a la judicatura.