Javier Elorrieta- Editores
Cuando comenzaron las negociaciones del Gobierno de Zapatero, con el visto bueno de su partido con ETA-Batasuna, desde organizaciones cívicas realizamos diferentes llamamientos de protesta ante esa política, explicando el enorme error que suponía la política de su Gobierno en el objetivo de derrotar el proyecto político totalitario que el terrorismo avalaba. Hoy estamos en una situación en que los efectos de aquella siguen siendo motivo de controversia en las discusiones sobre si ha habido derrota o no de ETA.
Ciertamente ETA, aún sin disolverse y renunciar a su cruel historia y las consecuencias de su acción terrorista, con más de 300 asesinatos perpetrados por la banda sin resolver, estaba operativamente derrotada al finalizar la legislatura de Aznar, o al menos en una posición de debilidad, que de haber continuado vigente y activado el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, sería difícil que el proyecto político que acompañaba a ese terrorismo tenga la presencia institucional y pública que hoy tiene y que el espacio público siga prácticamente monopolizado por los que le apoyaron, mientras no existe expresión plural pública normalizada.
Es decir los efectos del miedo siguen produciendo un efecto enorme y muy evidente de falta de libertad. Quien pasee por la casetas (Txoznas) de las fiestas en Bilbao en concreto y en el País Vasco en general y le digan que ETA (incluido su proyecto) ha sido derrotada, podría parecerle una broma. Ante las últimas decisiones y movimientos que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó sobre la negociación con ETA, creímos necesario mostrar entonces nuestro desacuerdo con la política de ruptura del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Entendimos que no existía ninguna duda de que la responsabilidad fundamental, porque no teníamos duda que existía una voluntad previa de que así fuera, recaía sobre el Gobierno y el PSOE, que había cambiado la estrategia de la derrota de ETA y su entramado, por la negociación y el intercambio de compromisos con sus representantes políticos.
Efectos innegables de esos cambios fueron el reforzamiento del soporte mediático, político y social del entorno de ETA, que ha venido desarrollándose en paralelo al debilitamiento y la profunda división del movimiento cívico democrático, incluidas las Asociaciones de Víctimas, así como la anulación de un horizonte razonable de alternativa al nacionalismo en el País Vasco por parte de los partidos nacionales. Desgraciadamente estas consecuencias no son el resultado de un error no deseado ni buscado. Son la consecuencia de una estrategia política directamente promovida por el que fuera Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, que ahora continúa y que el Gobierno de Rajoy consolidó, inutilizando por inacción política, lo que le permitía la mayoría absoluta que el electorado le concedió para enderezar el disparate del “septenato” de ZP. En ese sentido cualquier apoyo electoral al PSOE, se sea afiliado o se haya sido, se sea votante o se haya sido, poco sirve de utilidad para poder enderezar la política en España hacia la convivencia, la libertad y el progreso. La política del PSOE, tal y como la está desarrollando el Gobierno actual de Sánchez, es un problema añadido para perfilar un gobierno que afronte las políticas de reformas necesarias para desarrollar y estabilizar un proyecto nacional democrático sobre criterios de libertad e igualdad de todos los españoles.
Un análisis somero de lo que fue la evolución política evidencia que fue Zapatero, su Gobierno y su partido, quienes protagonizaron los primeros cambios de una política nacional de transversalidad constitucionalista que los movimientos cívicos, especialmente en las comunidades vasca y catalana demandábamos. Y que pretendíamos se asentara sobre el eje de los dos partidos nacionales (Pacto por las libertades y contra el terrorismo, Pacto de la Justicia, Pacto de Financiación autonómica, Pacto sobre la Educación…) Pactos de Estado que configuraran una política nacional que no dependiera de las minorías nacionalistas. Fue Zapatero quien por acuerdos con esas minorías nacionalistas e IU, al tiempo que se pasaba a considerar a ETA-BATASUNA como interlocutor legitimado en el Congreso de los Diputados e internacionalizado en Estrasburgo. Es decir, mientras se pretendía (y sigue esa antidemocrática pretensión) la eliminación institucional del otro partido competidor a nivel nacional (Pacto del Tinell), se pactaba con aquellos que no tienen ningún interés por la fortaleza del Estado Democrático, por estar implícito en sus proyectos y en su cultura política ser parasitarios del mismo, lo que inexorablemente ha venido a desencadenar consecuencias negativas, que hoy el Gobierno de Sánchez implementa en sus pactos con el secesionismo y el populismo.
Todo ello conformó un “KIT político” que alimentaba el disparate continuado. Desde iniciativas legislativas sectoriales, llevadas con más infantilismo que inteligencia , y en algunos casos de un intervencionismo autoritario con barniz demagógico, a políticas territoriales disgregadoras de la Nación, del Estado, y de los propios Partidos Nacionales, que fue lo que germinó tras la anulación de la política de alternativa al nacionalismo en el País Vasco y el apartamiento de Nicolás Redondo, que es lo que ha caracterizado al PSOE, desde Zapatero a Sánchez, y que ha redundado en un debilitamiento de España también en el concierto internacional. Y es dentro de ese “paquete político” donde se encuadró el cambio a una peor política antiterrorista. Porque no hay excusa para el error, pues empíricamente ya se había demostrado cual era el camino, a la vez democráticamente impecable y eficaz, en la lucha contra el terrorismo y su proyecto secesionista.
En estas condiciones, ciudadanos de diferentes procedencias políticas nos dirigimos entonces a la Opinión Pública para manifestar nuestro rechazo a la política antiterrorista del Gobierno de ZP con las siguientes premisas políticas.
Además de exigir la derrota del Terrorismo, insistimos que ésta derrota implica necesariamente la derrota del proyecto totalitario político por el cual, y en nombre del cual, se practicaba el asesinato y la extorsión, Un proyecto nacionalista de homogenización tribal, previa secesión de parte del territorio nacional. Frente al que demandábamos un proyecto nacional de ciudadanía que garantizara la libertad e igualdad ante la ley en el conjunto de España.
Ya entonces explicitamos el rechazo, aunque no se pueda prohibir, ni imposibilitar el uso de algunos símbolos no constitucionales. Pero ya entonces denunciamos el que su uso minoritario se utilizara para la tergiversación informativa, o para desviar la justa denuncia o demanda, y soslayar lo políticamente importante. Ya entonces también en la “clase mediática” el “zapaterismo supuso un acicate degenerativo”. Retábamos a que cualquier responsable político o mediático mostrara una sola manifestación importante, donde hubiera más pluralidad simbólicamente expresada en libertad y respeto que las convocadas por los Movimientos Cívicos. Ya entonces exigíamos, por una cuestión de mínima decencia democrática, que cesara la tergiversación informativa que iba en aumento y hoy desgraciadamente continúa. Jamás ha vivido la España democrática, incluido el periodo constituyente tras las elecciones de 1977, una degeneración informativa tan acusada.
Hoy ese Movimiento Cívico Democrático tiene expresiones políticas varias, muy restringidas a Asociaciones y Fundaciones de frágil potencialidad política, pero que pueden encontrar una cierta influencia porque disponen de un capital humano y político del que no andan sobrados los partidos. En cualquier caso la transversalidad constitucionalista es la única que puede asentar un proyecto nacional, que restablezca el desaguisado que el secesionismo, el populismo y el bipartidismo, ya demostradamente inadecuado en su propio desarrollo, especialmente el del PSOE, han demostrado. Tal vez ha llegado la hora de que algunos mayores vuelvan a la responsabilidad política.